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Y LO LLEVARÁN POR LA VÍA PENAL ANTE LA FISCALÍA

Los usuarios de Cambrones y Navalcaz recurrirán la contestación de la CHD sobre el expediente de extinción de sus derechos históricos sobre el agua

SegoviaDirecto.com | 209 Lunes, 02 de Julio de 2018 Tiempo de lectura:

Los usuarios del agua de las caceras de Cambrones y Navalcaz, en la reunión mantenida el pasado jueves, 21 de junio, en Trescasas, decidieron presentar un recurso de alzada contra la contestación de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre el expediente de extinción de sus derechos históricos. Además, propusieron llevarlo por la vía penal ante la Fiscalía.

[Img #47557]En la reunión convocada por la Noble Junta de Cabezuelas, ante cerca de un centenar de de afectados de Trescasas, Sonsoto, Palazuelos de Eresma, Tabanera, San Cristóbal de Segovia y La Lastrilla, se presentó el nuevo alcalde de Cartas de la Noble Junta, Raúl Gil, de Tabanera del Monte.

 

Además, su abogada, la especialista en Derecho de Aguas, Pilar Esquinas, explicó que la pretensión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de extinguir los derechos históricos sobre el agua “no está fundamentada ni motivada. La CHD tiene que justificarlo con informes y este hecho no está reconocido. Cómo puede decir el organismo de cuenca que los usuarios no son parte interesada, cuando están legitimados”, pregunta.

 

Para la letrada, la CHD, un organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura, encargado de la gestión de las aguas en la cuenca del Duero, adolece de falta de transparencia y sitúa a los usuarios de los derechos históricos del agua en una situación de inseguridad jurídica.

 

Para el recurso de alzada, cada usuario no tiene más que aportar un documento acreditativo de que es afectado: Un recibo del agua, del IBI, escritura…, una copia de su DNI y la contestación de la CHD. Y enviarlo todo a la abogada Pilar Esquinas a través del email pilaresquinas@yahoo.es o el teléfono 639 28 09 84. El plazo del recurso es de un mes desde que se recibió la carta.


En la misma reunión, en la que también estuvo presente el abogado Jesús Tovar, en representación de varios afectados, se decidió además llevar el expediente de extinción por la vía penal ante la Fiscalía. “Analizando todos los hechos, de octubre a julio, y viendo las actitudes de las Administraciones Públicas, se ha tomado la decisión de abrir la vía penal, detectamos indicios de varios delitos penales por parte de funcionarios y personal político”, aseguran.

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