La nueva vieja política (o más de lo mismo)

 

  Parecía imposible que el diabólico laberinto catalán pudiera embrollarse más de lo que ya estaba, pero la fatídica Ley de Murphy según la cual todo es susceptible de empeorar ha vuelto a cumplirse inexorablemente. No se trata de ponerlos a la misma altura, pero la combinación en un mismo cóctel de un juez justiciero como el burgalés Pablo Llarena y un president-marioneta y friki como Quim Torra no podía si no agravar el marasmo. Para estupor general y especial pasmo de Mariano Rajoy, una vez más -y empiezan a ser demasiadas- completamente desbordado por los acontecimientos.

 

Marta Sánchez, el nuevo estandarte de Ciudadanos

 La Moncloa suspiraba por la inmediata constitución de un nuevo gobierno catalán que permitiera levantar automáticamente la aplicación del artículo 155, salvando así el principal escollo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no otra es la gran prioridad política del Gobierno y del PP, perentoriamente necesitados de ganar tiempo con el que tratar de remontar el desplome que auguran todas las encuestas. Pero la decisión del ventrílocuo Puigdemont de reponer como consellers a dos de los entrullados por Llarena y a otros dos de los “exiliados” en Bélgica ha obligado a Rajoy, bien que a su pesar, a mantener el 155, que era la condición sine qua non del PNV para posibilitar con sus cinco votos a la aprobación de los Presupuestos.

 

 Con Albert Rivera lanzado a explotar sin complejos el filón del patrioterismo español más primitivo y rancio, infumable himno de Marta Sánchez incluido, Rajoy no tenía otra opción, como tampoco la tiene Pedro Sánchez, consciente de que esa red de arrastre desplegada por Ciudadanos también está diezmando el tradicional caladero electoral del PSOE. Y, de prolongarse el bloqueo, habrá que ver cómo solventa Sánchez la presión a la que se ve a ver sometido por sus compañeros de bloque constitucional -Rivera ya está apelando al respecto- para que sean los socialistas quienes “presten” esos cinco votos necesarios para sacar adelante los Presupuestos.

 

 Aunque el PP, y posiblemente Ciudadanos, vendrán con la cantinela de que el fracaso de los Presupuestos pone en peligro la anunciada revaloración de las pensiones y el incremento salarial previsto para los funcionarios, ello es radicalmente falso. Aunque finalmente se prorroguen los de  2017, basta que haya mayoría parlamentaria, que sin duda la habrá, para que esas u otras mejoras sean aplicadas.

 

Alfonso Fernández Mañueco y Mar Angulo

Quien puede salir muy malparada de esa eventual prórroga de los PGE será la Junta de Castilla y León, que se encontraría con un serio agujero financiero al haber inflado el capítulo de ingresos de los Presupuestos de la Comunidad incrementando la cuantía de las entregas a cuenta del Estado muy por encima de lo garantizado por el Ministerio de Hacienda. Un agujero que también se verá agravado con los 28 millones de euros que el gobierno autonómico va a tener que desembolsar tras la sentencia judicial que le obliga a abonar el IVA correspondiente a la aportación anual con la que financia el contrato-programa suscrito entre la consejería de Fomento y la compañía privada Radio Televisión Castilla y León S.A. Y ello después de que el pasado año la Junta incumpliera ampliamente el tope de déficit, sobrepasando el límite autorizado en 99 millones de euros.

 

 Ajeno a los varapalos judiciales del gobierno zombi de la comunidad -en algunas materias, como la de la caza del lobo, repetidos y aumentados- el PP de Castilla y León intenta sobreponerse, con más voluntad que acierto, a la racha de adversidades sobrevenidas en los últimos tiempos. La pasada semana Fernández Mañueco movió pieza tratando de enderezar el rumbo hacia el abismo emprendido hace tiempo por el PP de Soria.

 

 El relevo de la hasta ahora presidenta provincial, Mar Angulo, resultaba absolutamente imprescindible para intentar de recomponer el partido tras el abandono en bloque y pase al grupo de no adscritos  de 6 de sus 11 representantes en la Diputación soriana, rebelados contra el propósito de Angulo de sustituir a la hasta entonces portavoz popular. Lo insólito del caso es que, al asumir la renuncia de la presidenta provincial, el secretario autonómico, Francisco Vázquez, descartara taxativamente el regreso a las filas del partido de la facción disidente, posición que corrigió después Mañueco dejando abierta la puerta a su reincorporación, sin la cual el descalabro del PP soriano en las próximas elecciones municipales y autonómicas puede ser épico.

 

Y no va a ser sencillo que los hijos pródigos regresen a su antigua morada, ya que puede resultarles mucho más tentador apostar al caballo ganador de Ciudadanos o jugar la baza provincialista de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), formación reactivada por su máximo impulsor, el sempiterno alcalde de Almazán, Francisco de Miguel, tras su ruptura con la formación naranja. Al crear el PPSO, De Miguel, antiguo procurador popular y mano derecha en su día de la ex vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, promovió en 2011 la primera escisión en el PP soriano, que desde entonces no ha levantado cabeza, volviendo a perder en 2011 la alcaldía de la capital y en 2015 asimismo la Diputación provincial, gobernadas ambas actualmente por el PSOE.

 

Óscar Puente y Luis Tudanca

 Por su parte, el secretario autonómico del PSOE y ya candidato in pectore a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha tenido que afrontar el indirecto fuego amigo originado por las incendiarias declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, descalificando a la institución del Procurador del Común. Mientras Tudanca, después de una primera reacción contemporizadora, salía airoso del trance al disculparse sin ambages ante el Procurador, Puente debería contenerse y contar hasta tres para no dar rienda suelta a sus impulsos verbales, ya que de lo contrario corre serio riesgo de incurrir en los excesos y salidas de tono que caracterizaron a su antecesor, Javier León de la Riva.

 

 Y a todo esto, cuando Pablo Fernández seguía sumando kilómetros en su esforzada gira previa al devaluado debate sobre el estado de la comunidad a celebrar en las Cortes a finales de junio, sus admirados compañeros Pablo Iglesias e Irene Montero se encargaban de arruinar las expectativas de recuperación electoral que los últimos sondeos auguraban a Podemos. Ello con el agravante de intentar salvar el desaguisado sometiendo a las bases al brete de una consulta a todas luces digna de mejor causa. A este paso la “nueva política” terminará haciéndonos añorar el denostado bipartidismo.