Unión de Campesinos de Segovia-UCCL apoya las reclamaciones de los usuarios de agua del Cambrones y la cacera de Navalcaz

Desde la Unión de Campesinos de Segovia UCCL  mostramos nuestro total rechazo a esta decisión de la CHD, así como nuestro apoyo a los titulares de las citadas concesiones históricas, especialmente a los regantes. Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL, entendemos que los derechos históricos de los regantes deben ser respetados para atender los usos previstos en sus respectivas concesiones.

Entendemos también que una vez garantizado el uso de boca, la prioridad debe ser el uso de riego, y no admitimos que se pretendan extinguir derechos históricos por la vía de los hechos, sin haber escuchado previamente a los titulares de las concesiones para conocer la situación real de utilización de las mismas.

La política agraria de la Unión Europea obliga a los agricultores y ganaderos a cumplir con los parámetros de calidad y seguridad  alimentaria  más exigentes del mundo. Resulta evidente que el agua es un elemento imprescindible para la producción de estos alimentos. Por ello, los usos de riego para cultivos y pastos que se realizan en nuestra provincia, redundan directamente en un beneficio general para la población de valor incalculable, ya que este agua “se transforma” en los alimentos con mayor calidad y más seguros del mundo, que es lo que exigen hoy en día los consumidores en los países desarrollados.

De unos meses a esta parte, estamos observando cómo cada vez con más frecuencia, la CHD está comunicando a agricultores con concesiones históricas de derechos de riego, expedientes de extinción de dicho derecho por diferentes motivos. Esto nos preocupa enormemente, ya que desde esta organización apostamos  por el tratamiento del agua como un bien público, y nos oponemos radicalmente a la mercantilización de su uso.

Cada vez son más las voces que apuntan a que detrás de esta campaña de “sustracción” de derechos por parte de los organismos de cuenca a los concesionarios históricos, pueda existir un opaco trasvase de los mismos hacia grandes empresas privadas (cercanas a los altos cargos políticos de la administración) que serán las que determinen la gestión futura del agua, y puedan disponer de la misma para hacer un magno negocio.