La disciplina urbanística, para los demás: El Ayuntamiento reacciona a su nuevo revés judicial sobre la pantalla ordenando retirarla al día siguiente

Al día siguiente de conocer el enésimo revés judicial recibido, esta vez a cuenta de la pantalla sita en el interior de un establecimiento hostelero de la calle Real, al no admitir el Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el recurso por el que el Ayuntamiento pretendía seguir cobrando unas multas de 1000 € al mes declaradas “excesivas” por la Justicia y que obliga al Consistorio a devolver los más de 6.000 euros incautados, el tándem Luquero-Reguera ha reaccionado ordenando precintar y retirar la pantalla.

Este muy cuestionado Ayuntamiento, también por sus propios empleados tal que policías locales, se ha sacado de la manga un expediente de disciplina urbanística ad hoc por el que requiere la desconexión de la cartelera o pantalla luminosa con carácter inmediatamente ejecutivo (24 horas) y la retirada de la cartelera o pantalla luminosa instalada, procediendo al desmontaje de la misma en el plazo de ocho días. Resolución que va a ser recurrida por la propiedad de la pantalla.

El estilo es el “y punto” tan del gusto de Luquero y Reguera: El incumplimiento “conllevaría el precinto y desconexión de la misma por los servicios municipales” y “procedería a ejecutarse forzosamente lo requerido, bien sea mediante la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, o mediante la imposición de multas coercitivas, con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con periodicidad mínima mensual (…) “Todo ello sin perjuicio de incoar el correspondiente procedimiento sancionador a que diere lugar, con la calificación y sanción antes citadas (infracción grava sancionada con multa de 1.500 euros)”.

Clara Luquero: "El Ayuntamiento había puesto una multa, sin embargo el tribunal considera que es desproporcionada para los costes"

Y eso que este mismo miércoles, la alcaldesa Clara Luquero, sobre el asunto, reconocía este miércoles públicamente que “el Ayuntamiento había puesto una multa de 1.000 euros al mes, sin embargo el tribunal considera que es desproporcionada para los costes. Por un lado, tenemos claro que hay que eliminar la multa coercitiva”. Por el otro, “nosotros seguimos sin autorizar la presencia de esa pantalla”, sostenía.

Cabe recordar que antesdeayer, el pasado 27 de febrero de 2018, la sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, notificó al Ayuntamiento de Segovia que no admitía a trámite su recurso por el que pretendía seguir cobrando unas multas de 1.000 euros al mes consideradas “excesivas” por la Justicia y le obligaba a devolver los más de 6.000 euros ya pagados. Previamente, en septiembre de 2017, el TSJCyL sentenciaba que no consideraba probado que la pantalla se encontrara dentro del recinto amurallado; señalaba que no le afectaba el Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS), que únicamente se ha aprobado inicialmente; no descartaba que la pantalla volviera a estar operativa; y anulaba las “excesivas” multas impuestas por el Ayuntamiento. (Ver adjuntas la Sentencia y la Resolución)

El mismo Ayuntamiento que aplica una disciplina urbanística implacable a diestro y siniestro, deja prescribir las infracciones urbanísticas graves de sus exconcejales y amigos. Además del caso de Aragoneses, recientemente IU ha desvelado “la permanencia de dos edificaciones ilegales en una huerta de San Marcos, mientras el concejal negociaba con el infractor la adquisición de unos terrenos próximos a la Iglesia de la Vera Cruz. ¿Casualidades?”. Es la misma área de Urbanismo que tarda más de medio año en conceder una licencia de primera ocupación en una pequeña ciudad en la que apenas se construye tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la misma que no contesta en diez meses a la petición de información de los vecinos sobre si tienen que pagar plusvalía por pisos que han vendido perdiendo dinero, para finalmente responder que el Consistorio sólo puede recaudar, no devolver.

Un ejemplo más de la ley del embudo de Luquero y Reguera lo exponían estos mismos días los policías locales en un escrito de su representante sindical de CSIF, con motivo de su festividad del Santo Ángel de la Guarda: Entre las carencias de este Ayuntamiento a nivel humano señalaban: “que si una actuación es digna de mención, lo sea siempre, y se reconozca siempre de igual forma, y no dependiendo de quién la haga…”.