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El pasado lunes se reseñaba aquí el sobresueldo que en concepto de dietas cobradas por asistir a los plenos de las Cortes se embolsan Juan Vicente Herrera y los miembros de su Consejo de Gobierno que al propio reúnen la condición de procuradores, a saber, el vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez y los consejeros Pilar del Olmo, Carlos Fernández Carriedo, Josefa García Cirac, Alicia García y Milagros Marcos. Cerca de 8.000 euros anuales que se levantan cada uno de los siete susodichos por hacer absolutamente lo mismo que los otros tres consejeros sin escaño (Juan Carlos Suárez Quiñones, Fernando Rey y Antonio Sáez), es decir, asistir, como por otra parte es su obligación, a las sesiones plenarias del Parlamento. Pues bien, quede constancia de que una semana después ni nadie se ha dado por aludido ni la esforzada oposición se ha escandalizado. ¿Será que está última lo considera normal o qué también tiene sus miserias propias que ocultar? Ahí lo dejo.
Entretanto, bajo el título “El dinero del Poder”, Diario de León publicaba ayer un informe que abordaba, entre otros aspectos, lo que se pulen distintas administraciones en dietas y gastos de representación de sus correspondientes cargos públicos. Por lo que respecta a la Junta de Castilla y León, según el periódico el gobierno autonómico se niega a ofrecer datos sobre los gastos de los consejeros y, para mayor inri, sus jefes de prensa remiten al Portal de Transparencia, lugar en el que no aparece para nada dicha información.
El diario señala que el pasado 3 de octubre el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, registró una pregunta escrita en las Cortes sobre los gastos de representación presupuestados, comprometidos y ejecutados por cada consejería, así como por la Presidencia de la Junta, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2017, sin que hasta la fecha haya recibido la pertinente respuesta. En su lugar, el Boletín Oficial de las Cortes publicó el pasado 18 de diciembre la prórroga solicitada por la Junta para atender dicha solicitud de información.
“La opacidad reina en el gobierno autonómico. No tienen intención ni interés en que la ciudadanía conozca las prebendas, privilegios y despilfarros que los consejeros realizan con los dineros de los castellanos y leoneses”, afirma Fernández, quien ha llegado a la conclusión de que la transparencia de que hace gala la Junta es un “trampantojo”. Más de dos años ha tardado en percatarse de semejante obviedad.





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