Disciplina urbanística a la carta

"Hace poco hemos sabido que ha prescrito, por falta de vigilancia en su tramitación, el expediente abierto por el Ayuntamiento de Segovia a una construcción próxima al convento de san Vicente, por no ajustarse las obras a la licencia de rehabilitación concedida. Como manifiesta la alcaldesa, no es el caso más importante de los que se han denunciado (con poco éxito, por cierto) en nuestro municipio, si no fuera porque está relacionado con el exconcejal de urbanismo J. Cruz Aragoneses, y porque la denuncia partió de los responsables del escándalo de los mini apartamentos, modelo zulo, de la Hontanilla de santo Domingo.

En aquel caso fue otro concejal de urbanismo, del PSOE, el que miró para otro lado y casi dejó a los responsables salirse con la suya. Eso si es que no se han ido de rositas, porque el Ayuntamiento pagó los trabajos (bastante chapuceros por otra parte, aunque fueran encabezados por la alcaldesa) de aterramiento de los mini apartamentos. Y que yo sepa, el Consistorio aún no se ha resarcido de los costes.

Lo grave es que, con demasiada frecuencia, al Ayuntamiento le falta voluntad para acabar con las infracciones urbanísticas. Unas veces se escudan en la falta de medios para controlar la veracidad de los datos que figuran en los proyectos para los que se pide licencia, y desgraciadamente no siempre los técnicos redactores juegan limpio, sino que intentan (y consiguen) engañar al Ayuntamiento, como es fácil comprobar.

De poco sirve acudir a las instituciones implicadas para denunciar las irregularidades que son observadas a simple vista por ciudadanos preocupados por estos temas. A no ser que el denunciante sea el mismísimo Jefe de los Servicios Jurídicos de la JCYL, en cuyo caso habría que utilizar hasta aparatos de precisión para preservar las vistas desde su casa y amenazar con derribos.

En cualquier caso, el tema de la disciplina urbanística es suficientemente importante como para dedicarle los medios necesarios para su aplicación con rigor y con equidad, sin varas de medir diferentes en función de a quién se aplique.

Recientemente denunciamos un exceso de edificación en un local comercial en la plaza del Corpus, además de que las obras afectaron a la edificación de aves protegidas. La JCYL reconoció que lo construido no se ajustaba al proyecto aprobado, impuso una sanción económica, que no sé si se habrá hecho efectiva, a la promotora y al arquitecto, y santas pascuas. Seguramente el exceso de volumen construido compensó la sanción, y la estrategia de falseamiento de datos sigue funcionando. Pero la actitud del Ayuntamiento fue aún peor, porque ni siquiera sancionó a los autores, ni ordenó el restablecimiento de la legalidad urbanística. ¿Ustedes saben por qué?

También se puso en conocimiento del servicio de Urbanismo que un establecimiento hostelero recientemente reconstruido en la calle de Daoíz había sobrepasado muy ampliamente el volumen preexistente, y se aportaron fotografías, facilitadas por varios vecinos de la zona, que lo demostraban sin lugar a dudas. El Ayuntamiento no movió un dedo para enmendar esta situación.

Y el caso más flagrante de estos últimos tiempos es la caducidad del expediente iniciado por la construcción de dos edificaciones en una huerta de la calle José María Heredero en san Marcos. Es un caso similar al de los mini apartamentos: construcción, en este caso sobre rasante, en suelo rústico especialmente protegido. El expediente se fue dilatando, con resoluciones parciales y variados contenciosos que, a mi juicio, no sirvieron más que para encaminarlo hacia la caducidad, y aquí me consta la responsabilidad directa del actual responsable de urbanismo, Alfonso Reguera, por mucho que ahora quiera descargarse en los funcionarios. ¿Por qué en este caso no se recurre la resolución judicial, siendo especialmente grave por el suelo en el que se ha construido?".

Luis Peñalosa Izuzquiza, miembro de la Comisión Colegiada Provincial de IU