332 familias de la provincia han sido atendidas por el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en estos cinco años

Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, en los cinco años transcurridos desde su creación, el Servicio Integral de Apoyo a las Familias y a las personas en riesgo de desahucio ha atendido a 332 familias de la provincia de Segovia, lo que significa que se ha ayudado a más de 929 personas.

A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación se les ha prestado asesoramiento y apoyo, siendo analizada su situación económica y social, y promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la pérdida de la misma. Además, desde este servicio se ha acompañado a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que están viviendo, facilitándoles al mismo tiempo el acceso a los recursos que pudieran necesitar. Por ejemplo, a 63 de estas familias también se les ha ayudado a elaborar un plan de economía familiar para salir de su situación crítica.

La importancia de la actuación protectora de este servicio se aprecia en el hecho de que ninguna familia atendida tuvo que afrontar un desalojo forzoso. De los 332 casos tratados en este periodo, 269 han concluido, y de ellos, 186 precisaron interlocución con una entidad financiera. En la negociación con las entidades financieras de esos casos se alcanzaron 151 acuerdos, entre los que figuran 60 préstamos reestructurados, 38 acuerdos de distintas características, 30 cierres de interlocución por mejora de la situación familiar que permite afrontar los pagos y 23 daciones en pago. Únicamente en 35 casos fue inviable alguna de las soluciones anteriores, por lo que fueron habilitadas otras medidas, siempre encaminadas a mantener la vivienda o a acceder a otra en el entorno mediante alquiler.

Además de la interlocución con las entidades financieras, en los 269 casos ya cerrados, hubo familias que desistieron una vez iniciado el procedimiento y también familias en las que se activaron otro tipo de prestaciones que se vieron necesarias. Destaca de forma especial que en 50 casos se ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía a raíz de la intervención del Servicio Integral de Apoyo.

Una de las notas características más importantes del Servicio Integral de Apoyo, según datos la Junta, es, precisamente, su funcionamiento en red, lo que posibilita evitar situaciones críticas antes de que se produzcan, yendo mucho más allá de actuaciones meramente paliativas. En el sistema están implicados 24 entidades locales, decenas de entidades del tercer sector, los órganos judiciales, más de 40 entidades financieras, y la Junta de Castilla y León que, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, financia a las entidades locales, coordina todas las actuaciones y aporta los interlocutores con las entidades financieras. Este sistema, que fue pionero en España, forma parte de la Red de Protección a las familias y a las personas de Castilla y León.

Refuerzo de la protección social en materia de vivienda
Para intensificar la colaboración entre administraciones y agilizar el acceso temporal a una vivienda a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, FRMP, Alfonso Polanco, firmaron ayer un protocolo de colaboración.

En virtud de este protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se compromete a establecer y mantener un mecanismo de coordinación que permita gestionar eficazmente la información sobre la parte del parque público de viviendas destinado a cubrir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y tramitar, si es necesario, una declaración de actuación singular, suscribiendo el correspondiente contrato de alquiler social.

Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público a las personas vulnerables cuando la interlocución que lleva a cabo este servicio integral no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual, en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos, con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler.