Segovia acoge la jornada sobre transparencia organizada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León

La rendición de cuentas, como ha recordado la presidenta, permite a los ciudadanos conocer los ingresos que los Ayuntamientos han recaudado en un año, cuánto se han gastado en el ejercicio y en qué se han gastado los recursos que han obtenido, lo que en definitiva “aumenta la confianza de los ciudadanos en la gestión municipal”. La sociedad actual, como ha señalado, exige cada día un mayor nivel de transparencia como base fundamental de la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los representan.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León se encarga, entre otras funciones, de fiscalizar la gestión económica y financiera de los 5.000 ayuntamientos y entidades del sector público local de la Comunidad. Para llevar a cabo esta labor es necesario que estas entidades presenten sus cuentas ante dicha institución y que lo hagan dentro del plazo legalmente establecido. La presidenta ha reconocido que las características de las entidades locales de Castilla y León –una Comunidad con 2.248 municipios, más de un cuarto del total de España, de los que el 88,5% tiene menos de 1.000 habitantes- dificultan la presentación de estos datos.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León ha asegurado que desde Consejo de Cuentas, con el apoyo del Parlamento autonómico, se está trabajando con las distintas entidades locales para facilitar e incrementar la rendición de cuentas. Un trabajo que se está realizando por una doble vía. Por un lado, impulsando, mediante la celebración de jornadas como la celebrada hoy en Segovia, la formación específica en materia económico-presupuestaria de los funcionarios y profesionales de la Administración local como el mejor instrumento para mejorar la gestión de todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica y financiera de las que deben dar cuenta los Ayuntamientos. Y por otro, incentivando la colaboración de las Diputaciones Provinciales con las entidades locales para facilitar la rendición de cuentas.

Este trabajo, como ha destacado la presidenta, ha permitido incrementar en los últimos años de manera significativa los porcentajes de rendición de cuentas de los ayuntamientos hasta consolidar índices por encima del 90%. No obstante, ha recordado que es muy importante que la rendición de cuentas se realice dentro del plazo legalmente establecido –hasta el 31 de octubre- para que los órganos de control externo puedan realizar adecuadamente su función fiscalizadora.

Jornada sobre Transparencia y rendición de cuentas

La presidenta ha realizado estas declaraciones durante la inauguración, junto al presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, de la ‘jornada sobre Transparencia y rendición de cuentas’, organizada en Segovia y a la que han acudido más de 200 personas relacionadas con esta materia entre alcaldes y trabajadores de los Ayuntamientos y otras Entidades Locales de la provincia de Segovia.

Esta jornada se enmarca en el ciclo de jornadas informativas que el Consejo de Cuentas ha celebrado en el último año en las Diputaciones de Burgos, León y Palencia así como en el Consejo Comarcal del Bierzo, con el objetivo de colaborar con las Entidades Locales en la obligación de rendición de cuentas, poniendo a su disposición la colaboración necesaria por parte del Consejo de Cuentas.

La jornada ha contado con diversas ponencias técnicas y mesas redondas en la que se ha analizado el proceso de rendición de cuentas y en las que se ha explicado las principales novedades en la información que tienen que remitir los Ayuntamientos al Consejo.

Información sobre contratación y acuerdos contrarios a reparos

En la jornada además, como ha señalado la presidenta, se ha abordado la normativa actual sobre la contratación de las entidades locales. En concreto, en 2015, se acordó una nueva regulación para el envío de información sobre los expedientes de contratación realizados por las entidades locales a los órganos de control externo. Según esta normativa, anualmente, y dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio, deben remitirse las relaciones certificadas de los contratos formalizados en el ejercicio precedente, con exclusión de los contratos menores. En caso de no haberse celebrado ninguno, debe presentarse una certificación negativa.

También se ha abordado el procedimiento en el caso de los acuerdos adoptados por las entidades locales contrarios a los reparos formulados por los interventores. La normativa vigente establece que el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

Además, tal y como se establece, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Ponentes con dilatada experiencia

En la Jornada han participado diversos expertos en la materia como Maria José de la Fuente y de la Calle, licenciada en Derecho, consejera del departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas y letrada asesora de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Además, en 2014, fue designada vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, a propuesta del Tribunal de Cuentas. Es autora de artículos y publicaciones en libros y revistas especializadas.

También ha intervenido, Petra Fernández Álvarez, vocal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y directora de Gabinete de la Presidencia. Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y Consultora de Formación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1991. Petra Fernández ha desarrollado casi toda su actividad profesional en el ámbito de la formación y de los recursos humanos. Desde 1997 hasta 2009 ha desarrollado todo su trabajo en la Dirección General de la Función Pública.

Además, junto a María José de la Fuente y a Petra Fernández Álvarez han participado Rafael Pou Bell, Subdirector Técnico del Departamento de Entidades Locales del Tribunal de Cuentas, y los consejeros del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Emilio Melero Marcos y Miguel Ángel Jiménez García, entre otros.