El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), va a sacar a la venta 28 silos pertenecientes a su Red Básica de Almacenamiento Público, mediante subasta al alza con presentación de ofertas en sobre cerrado.
Estos silos se encuentran en las provincias de Ávila, Burgos, Cádiz, Córdoba, Jaén, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Zamora y Zaragoza.
La subasta pública se regirá por un “Pliego de condiciones generales”, que se podrá consultar en la sede del FEGA (Calle Beneficencia 8, Madrid) así como en su página web (www.fega.es). El anuncio de la subasta se publicará en el Boletín Oficial de Estado, en el Boletín Oficial de cada provincia, y en el tablón de anuncios de la del Ayuntamiento de cada localidad donde se encuentran los silos.
Presentación de ofertas
El periodo para la presentación de ofertas será desde el día siguiente a su publicación en el BOE hasta el 24 de noviembre de 2017. El acto de la subasta se celebrará el próximo 15 de diciembre de 2017 en el salón de actos del FEGA.
Para participar en la subasta será necesario, entre otros requisitos establecidos en el “Pliego de condiciones generales”, constituir una garantía por el 5% del precio de tasación. Se prevé la celebración de hasta 4 subastas para cada silo, con un porcentaje de reducción del precio salida de una subasta a otra.
Los adjudicatarios tendrán la posibilidad de aplazar hasta un máximo de 10 años el pago. En estos casos, el primer pago será de al menos el 10% del precio de adjudicación.
La venta de estos inmuebles se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como con las competencias que el FEGA tiene en materia de enajenación de bienes inmuebles de su patrimonio, establecidas en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1441/2001.
Mediante Órdenes Ministeriales 11 de abril y 20 de junio de 2014, y 6 de abril de 2016, los silos de Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía, fueron desafectados al no considerarse necesarios para su uso público. Al mismo tiempo, se procedió a la depuración jurídica y física de cada inmueble y a su tasación.
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