Los centros privados de formación para desempleados denuncian las nuevas bases de concesión de cursos de la Junta

La Asociación Provincial que representa a los Centros de Formación Privados de Segovia se ha mostrado en desacuerdo con las bases publicadas por la Junta de Castilla y León en las que queda regulado cómo se realizarán los concursos para concurrir a las ofertas de cursos de formación para desempleados en la comunidad castellanoleonesa en los próximos años. Según los miembros de dicha asociación, esta norma, que puede salir en el plazo de unas semanas, “acarreará un gran problema en el sector, como es la desaparición del 75% de estos centros de formación privada, que están acreditadas desde hace más de diez años en esta provincia para formar a personas en situación de desempleo y ayudarles a volver al mercado laboral”. Su desaparición implicaría, en opinión de la Asociación, que, alrededor del 80% de los trabajadores de estos centros, pudieran perder su empleo en un futuro muy cercano.

Según la norma que ha salido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León a finales de la pasada semana, además de dar preferencia a agentes sociales, se prima a grandes empresas formadoras, que según los asociados, “buscarán primero el beneficio económico por encima de la calidad de la formación y las necesidades de los estudiantes que quieren volver al mercado laboral”. Apuntan que en ningún momento se han escuchado las demandas de las empresas de formación y solicitan que todas las empresas y agentes sociales dedicados a la formación para desempleados puedan concurrir a los concursos en igualdad de condiciones. “Lo que pretende aprobar la Junta de Castilla y León estos días conseguirá que cuatro de cada cinco cursos de formación para desempleados queden en manos de quienes han negociado las bases, creando una norma a su medida ya que se otorgan la máxima puntuación en características que sólo ellos pueden cumplir y a las que el resto de las empresas y centros de formación no pueden acceder”.

La Asociación denuncia que, con estas bases accederán a impartir los cursos “grandes empresas de otras Comunidades Autónomas que no conocen la idiosincrasia de las provincias castellanoleonesas y que les va a resultar muy difícil ofrecer un servicio de formación de calidad”, especialmente, apuntan, en la formación práctica de estos cursos.

Las asociaciones provinciales de empresas formadoras solicitan a la Junta de Castilla y León que cambie la norma para que exista una igualdad de condiciones a la hora de concurrir a los concursos, y anuncian que están estudiando presentar ante instancias jurídicas recursos para invalidar la ley que se quiere aprobar.