En el año 2016 se invirtieron 363.500 euros, para el año 2017 se prevé y se mantiene llegar a la cifra de 1.348.000 euros y, según los populares, para los años 2018 y 2019 la cifra asciende a 1.467.000 euros cada año, siendo la culminación en 2020 con una inversión de 7.254.971 euros.
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Los senadores por Segovia del Partido Popular, Paloma Sanz, Juan Ramón Represa y Juan Carlos Álvarez, han asegurado en un comunicado de prensa, con rotundidad y “sin albergar duda alguna”, que los plazos e inversiones previstos para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de la ciudad, se cumplirán dentro del programa establecido en el contrato de adjudicación de obra.
Los parlamentarios dicen mantener continuo contacto con el Ministerio de Justicia para el seguimiento de la evolución de la ejecución del proyecto y quieren “transmitir a todos los segovianos la tranquilidad de que el mismo se verá hecho realidad a finales del año 2020”. Aseguran, además, que “no hay motivo para alarmar a la población ni a los colectivos más afectados, como pretenden hacer determinados representantes políticos del PSOE, que en las últimas fechas han querido sembrar dudas sobre su viabilidad dentro de los plazos establecidos, cuestionando los créditos presupuestarios previstos en los Presupuestos Generales del Estado tanto para el presente año como para los sucesivos”.
Con la reciente aprobación de los PGE para 2017, afirman los populares, se ha dado otro paso más hacia la consecución del edificio. Los senadores segovianos, quienes critican el voto en contra de Juan Luis Gordo y los socialistas, instan al secretario general del PSOE en Segovia a que “reflexione y vote a favor de que se aprueben las partidas presupuestarias conducentes a la conclusión de éste y otros proyectos para nuestra provincia, votando a favor de los mismos; aunque también es de suponer que todo el PSOE se posicione en contra de ellos”.
Por otro lado, los parlamentarios populares quieren manifestar que la situación patrimonial de la empresa adjudicataria y su futura actividad, desde un punto de vista procesal, dependerá, en su caso, de las resoluciones judiciales que recaigan, pudiendo contemplarse diversas soluciones ante posibles contingencias contrarias a la misma. Éstas, por otro lado, afectarán por igual a cualquier relación de dicha empresa con los posibles acreedores o personas que mantengan relaciones contractuales con ella, “porque la posible situación concursal no es ni caprichosa ni selectiva, con lo que se recomienda a la señora alcaldesa de Segovia que no haga aseveraciones tan contundentes como que la situación de la empresa adjudicataria de la obra sí tendrá consecuencias para la ejecución del Palacio de Justicia y que, sin embargo, en nada afectará a instalaciones municipales”, declaran los senadores populares.
Los populares, además, recuerdan a Clara Luquero que las obras se adjudicaron a finales del año 2015 y no se iniciaron hasta septiembre de 2016 “porque fue la propia alcaldesa la que provocó el retraso del inicio de las mismas varios meses al no tener previsto un lugar alternativo donde ubicar el recinto ferial de las Ferias y Fiestas”.
Las obras fueron adjudicadas por un importe de 11.900.471 euros a la unión de empresas Isolux-Corsan-Corviam, S.A. con un plazo de ejecución de 55 meses en cinco anualidades. En el año 2016 se invirtieron 363.500 euros, para el año 2017 se prevé y se mantiene llegar a la cifra de 1.348.000 euros y para los años 2018 y 2019 la cifra asciende a 1.467.000 euros cada año, siendo la culminación en 2020 con una inversión de 7.254.971 euros. El proyecto se está llevando a cabo en el solar sito en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, junto a la sede de los Bomberos y Policía municipal, sobre una superficie de 12.000 m2.







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