El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitio ayer un auto en el que determina la imposibilidad de ejecutar la sentencia que obligaba al derribo del edificio.
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La alcaldesa, Clara Luquero, ha comparecido hoy ante los medios en uno de los recesos del Pleno para realizar una valoración sobre el auto emitido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que determina la imposibilidad de ejecutar la sentencia sobre la Casa de la Parra que obligaba a su legalización o al derribo de la misma. "El Tribunal entiende que no es voluntad del Ayuntamiento no ejecutar la sentencia, sino ordenar por fin y resolver un problema con los mismos criterios que ya se plantearon", afirmaba Luquero, quien añadía que "la imposibilidad de ejecutar la sentencia de la Casa de la Parra es una buena noticia para Segovia, ya que significa que no habrá que proceder al derribo".
Según Luquero, este auto, para el que aún existe la opción de interponer un recurso, evitará que el Ayuntamiento, "y por tanto los segovianos", tenga que asumir unos costes millonarios que la alcaldesa no se atrevía a cifrar y que llevaba a declarar que "es un momento de satisfacción; resolvemos un problema que lleva estando en la agenda municipal desde el año 1993 prácticamente, y por fin vamos a poder darlo por resuelto".
La alcaldesa, quien ha afirmado que no tiene nada que reprochar a quien ha luchado por que la sentencia fuese ejecutada de forma ejemplarizante, insistía en que el papel del Consistorio es "defender contra viento y marea los intereses de los segovianos y los segovianos no tienen la culpa de ese error del Gobierno municipal de entonces al otorgar la licencia".
Ángel Galindo: "No estábamos obsesionados con el derribo, pero sí con que se desmotrase la ilegalidad"
Por su parte, Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y parte implicada en el caso, como solicitante del derribo de la Casa de la Parra, hacía una lectura diferente del auto y afirmaba que la sentencia "nos da la razón a aquellos que dijimos que no se podía construir en aquella zona".
El representante de IU, quien reconocía no saber aún si presentarán un recurso o no y manifestaba que esperarán "a ver qué hacen los vecinos", se alegraba de que, ahora, aquellos que denunciaron la ilegalidad de la construcción en ese terreno tendrán que ser indemnizados. Además, Ángel Galindo concluía sus valoraciones sobre el nuevo auto afirmando no estar "obsesionados con que se derribase la casa, pero sí con que se cumpliese la ley y se demostrase la ilegalidad de la construcción".
Cachirulo | Viernes, 02 de Junio de 2017 a las 15:05:47 horas
Es para reflexionar. Resulta que para el cumplimiento de la legalidad se dicta una sentencia "imposible"; es evidente que para mantener ilegalidades, se dictan sentencias que resultan posibles. La pregunta es ¿no suena incongruente?. No soy partidario de su derribo pero evidentemente, la arbitrariedad que no discrecionalidad en el urbanismo y la suerte de la administración de justicia, hacen que cualquier mala suerte que haga que caigas en sus manos por razón real, fortuita, circunstancial, devenida o provocada sea un "acojonamiento" tal que te ciscas en aquel que ose decir que vivimos en un "estado de derecho" pues es la excepción la norma de nuestra convivencia y la arbitrariedad del que se supone tiene "autóritas" sobre nuestras vidas, haciendas, derechos y obligaciones. ¿no me digan que no es un enorme cachondeo homosexual el de la política la justicia encamadas en el catre del poder ?
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