Una comparecencia blindada

Un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella por la llamada “trama eólica”, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, romperá el próximo miércoles el espeso silencio mantenido desde entonces sobre tan escabroso asunto. No lo hará donde debería, en la comisión parlamentaria de investigación constituida en su día precisamente sobre la “trama eólica”, sino ante una comisión ordinaria de las Cortes, la de de Economía y Hacienda, donde se blinda con todo tipo de ventajas ante las explicaciones que va a exigirle la oposición.

Herrera tendrá el privilegio de abrir y cerrar la comparecencia sin ningún límite alguno de tiempo en sus intervenciones, en tanto que la oposición ha de atenerse a unos turnos tasados, sin ninguna garantía de que las cuestiones planteadas tengan puntual respuesta. De paso, al esquivar la citada comisión de investigación, cuyo ámbito se extiende a los pufos de la Perla Negra y los terrenos de Portillo, el presidente de la Junta evita tener que explicarse sobre estas otras dos turbias operaciones.

Aunque de antemano parece manifiesto su propósito de eludir cualquier responsabilidad política, Herrera tendrá que dar en todo caso alguna explicación sobre una trama en cuyo epicentro aparece el antiguo número dos de la consejería de Economía, Rafael Delgado, presunto máximo responsable de un tejemaneje sobre la concesión de los parques eólicos que ha reportado beneficios ilícitos por importe superior a los 80 millones de euros. Una trama detectada en origen por la Agencia Tributaria y corroborada por la Fiscalía Anticorrupción después de dos años de investigación.

Aun admitiendo que estuviera en la inopia, Herrera tiene muy difícil sustraerse a las consabidas responsabilidades “in eligendo” e “in vigilando”, las mismas que ha reconocido Esperanza Aguirre como causa de su definitiva dimisión.

Y será interesante cotejar la versión del presidente de la Junta con la ofrecida sobre el caso por su antiguo subordinado el ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, quien a raíz de que estallara el escándalo, abril de 2015, se vio obligado a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes.