La corrupción, prueba de fuego para la bicefalia

 

 

El pacto de no agresión alcanzado entre Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco ha mantenido al PP de Castilla y León como una balsa de aceite desde el pasado congreso autonómico del pasado 1 de abril. A ambos les convenía pasar página de su colisión en las pasadas primarias y procurar una bicefalia pacífica, sin tensiones y fricciones que proyecten una imagen de división interna.

 

Alfonso Fernández Mañueco y Juan Vicente Herrera

 Tras la frustración de no haber podido nombrado a dedo a su sucesor, Herrera ha quedado en una situación de creciente debilidad política. La propia de un presidente “pato cojo”, cada vez con menos influencia y predicamento, obligado a someter a toda una cura de humildad la soberbia con que ha gobernado la comunidad en los últimos 16 años. Y Mañueco, más allá de pastorear los congresos provinciales del PP, estaba en la tesitura de que el tiempo fuera transcurriendo sin mayores sobresaltos hasta la llegada de su turno -primavera de 2019- como nuevo candidato a la presidencia de la Junta.

 

 Pero esa placidez entre la Junta y el PP se ha visto sobresaltada por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo y delito fiscal en relación con la llamada “trama eólica”. Un flagrante caso de presunta corrupción que , al tener en su epicentro al antiguo número dos de la consejería de Economía, Rafael Delgado, ha puesto directamente al presidente de la Junta en el ojo del huracán de las responsabilidades políticas. Máxime cuando ya llovía sobre el cenagal de otra trama conexa con la anterior, la de la Perla Negra y el polígono de Portillo, en la que también está imputado el propio Delgado, junto al ex director de Excal, Alberto Esgueva, y seis actuales altos cargos de la Junta antiguos consejeros de las empresas publicas Gesturcal y ADE Parques.

 

 Desde que llegó al gobierno en el año 2001,  la impostura de Juan Vicente Herrera ante el despilfarrro (más de 400 millones de euros y lo que te rondaré solo en el Hospital de Burgos y otros 100 millones solo en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria) y la corrupción solo es comparable con la de Esperanza Aguirre. Ha consistido en negar siempre la mayor, no abrir jamás ninguna investigación interna, no separar a ningún alto cargo de su puesto y en consecuencia no asumir jamás ningún tipo de responsabilidad política. Ni “in eligendo” ni “in vigilando”.

 

Sede de la Fiscalía Anticorrupción

 Todo lo contrario. Se ha afanado sistemáticamente en negar la evidencia (caso Perla Negra-Portillo), mantener y proteger a los altos cargos imputados, abogar en su defensa en lugar de ejercer la acusación, bloquear la comisión parlamentaria de investigación constituida al efecto y no ofrecer nunca ninguna explicación política (excepto el día en que el comprometido testimonio judicial del delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, le dejó en evidencia). Y para mayor inri, hemos tenido que soportar al presidente de la Junta rasgándose periódicamente las vestiduras tratando de hacernos creer lo mucho que deplora la corrupción en otras comunidades autónomas.

 

 La querella sobre la “trama eólica” marca un antes y un después que pone en el disparadero tanto a Herrera como a Fernández Mañueco. El primero es incapaz de asumir que su tenaz resistencia a combatir y perseguir la corrupción de la Junta le convierte -si es que no le había convertido ya- en máximo sospechoso de encubrirla políticamente. Nada de mirarse en el espejo de Cristina Cifuentes, quién, aunque sea haciendo de la necesidad virtud, ha declarado la guerra sin cuartel en la Comunidad de Madrid.

 

Lejos de ello, a estas alturas hemos tenido que oír con estupor como la consejera portavoz de la Junta, Milagros Marcos, afirmaba que la trama eólica “no es corrupción política ni de corrupción administrativa”, ya que, según su peregrina argumentación, se trata únicamente de transacciones económicas entre particulares. En efecto, entre particulares, unos beneficiados y otros extorsionados, por el tráfico de licencias manejado arbitrariamente por el alto cargo que se arrogó ilegalmente una competencia ejecutiva que ni siquiera le correspondía.
 De tomarse en serio a tan osada portavoz, resultaría que, después de dos años investigando la denuncia realizada por la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción se ha inventado una querella donde no hay atisbo de corrupción… De aurora boreal.

 

Milagros Marcos y Pilar del Olmo

Con un Herrera menguante y desbordado por los acontecimientos -la próxima semana declara como testigo en el caso Perla Negra la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo- la corrupción de “alto standig”, con testaferros y paraísos fiscales incluidos, que está aflorando en Castilla y León también  ha colocado en el disparadero a Fernández Mañueco, en tanto que presidente y máximo responsable del grupo parlamentario popular. En función de dicha responsabilidad es quien tiene en su mano aceptar o vetar las comparecencias parlamentarias que solicita la oposición, al igual que reactivar o no la comisión de investigación que bloqueó hace un año el PP siguiendo las instrucciones de Herrera.

 

 Y Mañueco tiene que optar entre seguir tapando las vergüenzas de anteriores gobiernos de Herrera o decidirse a cortar por lo sano y erradicar todas las “manzanas podridas” -Rafael Delgado no ha actuado solo en todas sus fechorías, como se verá tan pronto avance la investigación judicial- que llevan tiempo enfangando la imagen del Partido Popular de Castilla y León.

 

 En ello le va su crédito político como futuro candidato a la presidencia de la Junta. Por el momento su actitud está siendo muy dubitativa. Se ha arriesgado a poner la mano en el fuego por el actual presidente de la Junta y, con la excusa de no conocer oficialmente el texto de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, está ganando tiempo antes de convencer a Herrera de que no tiene otro remedio que comparecer y dar explicaciones en las Cortes. Dicha comparecencia, junto al desbloqueo de la comisión de investigación en las Cortes, son medidas urgentes e insoslayables si el nuevo presidente del PP aspira a preservar una mínima credibilidad en la lucha contra la corrupción. La pelota está ahora en su tejado.