“Estamos absolutamente tranquilos. Nosotros siempre hemos actuado de acuerdo con los informes técnicos. No nos sorprende porque siempre han puesto sobre la mesa esa especie de chantaje, como una forma de presionar para que el Ayuntamiento cediera a sus pretensiones. Pero ha resultado inútil. Los tiempos van a ser los que marque la ley. Me dan igual los chantajes y las amenazas ”, declaraba la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, un día después de conocerse que los tribunales han admitido a trámite la querella por prevaricación administrativa interpuesta por la concesionaria del parking de José Zorrilla (la UTE Collosa-Pigsur) contra la actual alcaldesa; el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera; y el exalcalde del PSOE, Pedro Arahuetes, entre otros, por la resolución del contrato de explotación del aparcamiento.
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“Ahora el juez ha abierto un periodo de indagación y nos han solicitado un documento a nivel técnico para informar al juez por el parking del antiguo regimiento, por haber mantenido ese espacio degradado para los vehículos privados. Siempre han argumentado que hemos actuado en contra de los intereses de la concesionaria y eso no es cierto. Estaba abierto mucho antes de esta adjudicación. Lo abrió Arahuetes, con anterioridad. Y las plazas de aparcamiento se han ido reduciendo”, proseguía.
En lo que concierne a otro parking, el de la Avenida Padre Claret, su concesionaria, Isolux Corsán, ha llevado recientemente las cuentas al juzgado, y éste ha exigido al Consistorio la remisión de todo el expediente . Al respecto, Clara Luquero contesta: “Isolux ha planteado un recurso como estrategia empresarial porque se ha llegado a un acuerdo solicitando el reequilibrio económico. En este caso, se ha llegado a un acuerdo a través de plazos, de reducción del canon establecido, o de plazas en rotación. Acuerdo que se conocerá en su momento”.
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