Como convertir el "whistleblowind" en una "Ley Mordaza"

“En un ejercicio de cinismo publico sin precedentes, la Junta de Castilla y León pretende aprobar una Ley para amordazar más a los empleados públicos y la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario”. Con esta rotundidad denuncia la Plataforma en Defensa de lo Publico (PLADEPU) la indignante manipulación de que ha sido objeto su iniciativa de regular el “wistleblowing”, o, lo que es lo mismo, establecer un cauce a través del que los empleados públicos puedan denunciar las prácticas presuntamente irregulares o directamente corruptas que detecten en el ejercicio de sus funciones.

Un año después de trasladar dicha iniciativa a la oposición parlamentaria, PLADEPU contempla con espanto como el pleno de las Cortes se dispone aprobar una regulación que, en lugar de amparar a los empleados públicos dispuestos a denunciar las corruptelas y chanchullos en la Junta, ponen a los pies de los caballos a quienes tengan tal osadía. Tanto es así que dicha Plataforma no duda en calificar como “Ley Mordaza del Gobierno Herrera” la regulación que se pretende aprobar, que, lejos de proteger a los potenciales denunciantes, amenaza con sancionarlos en el caso de que los hechos denunciados no lleguen finalmente a comprobarse.

PLADEPU considera una tomadura de pelo que sea la Inspección General de Servicios de la Junta, órgano de la propia Administración Autonómica a cuyo frente se encuentra un funcionario nombrado a dedo por el consejero de turno, la encargada de tramitar y verificar las posibles denuncias. “Ello demuestra que no se pretende perseguir la corrupción y proteger a los denunciantes, sino todo lo contrario”, afirma la Plataforma.

Por increíble que parezca, tan aberrante regulación, emanada de la consejería de la Presidencia, fue aprobada el pasado 10 de octubre por la correspondiente comisión parlamentaria con el único voto en contra del procurador de IU, José Sarrión, y la incomprensible abstención del PSOE, Podemos y Ciudadanos. En el caso de estos últimos no porque se distingan precisamente por su labor de oposición a la Junta, sino porque fueron quienes asumieron como propia la iniciativa de PLADEPU, permitiendo que la misma haya sido completamente desvirtuada por el gobierno Herrera. Todo un papelón, otro más, de los pupilos de Albert Rivera en Castilla y León.