Varapalo judicial en plena campaña electoral

Aunque no hubiera sido la primera vez que un estamento judicial retrasa la publicación de una sentencia con el argumento de no interferir en una campaña electoral, no ha sido el caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respecto a las desdichadas oposiciones de enfermería suspendidas el pasado de noviembre.

En plena campaña del 26-J ha declarado la nulidad de dicha convocatoria, que hubo de ser suspendida ante la admisión a trámite de un recurso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que impugnaba su legalidad. Dicha suspensión, comunicada tan solo 10 días antes de la fecha fijada para realizar las pruebas, dejó en la estacada a los cerca de 20.000 aspirantes de toda España que optaban a las 554 plazas convocadas por la consejería de Sanidad.

La sentencia desestima el recurso por la consejería contra la suspensión y da la razón al ministerio de Cristóbal Montoro, que impugnó la convocatoria entendiendo que la misma, al acumular plazas correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, incumplía el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Aparte del nuevo retraso acumulado, la consecuencia es que las nuevas convocatorias de enfermería realizadas en 2016 sumaran un total de 452 plazas (392 libres y 60 de promoción interna), habiéndose perdido en el camino otras 102.

Pese al monumental fiasco que supuso la suspensión de aquellas oposiciones, ningún responsable de la consejería tuvo a bien presentar su dimisión. El varapalo propinado ahora por el TSJ les proporciona una nueva ocasión de hacerlo, aunque por la primera reacción del consejero, Antonio Sáez, no parece que nadie vaya a resignar responsabilidades por causa de semejante desaguisado. Nada sorprendente sabiendo que en la Junta están convencidos de que el verbo Dimitir es un nombre ruso.

A expensas de esta sentencia del TSJ, la consejería ha retenido las tasas de 29 euros abonadas en concepto de examen por los 20.000 frustrados opositores, sin que por supuesto haya atendido ninguna de las reclamaciones presentadas por gastos de billetes de tren o avión que tuvieron que ser anulados al suspenderse las pruebas