Once exconsejeros de Caja Segovia se enfrentan hasta a seis años de cárcel por el caso del Torreón de Lozoya

En palabras del abogado, dicho auto abre el proceso para once personas  que dispusieron de casi siete millones de euros, cometiendo un delito de administración desleal y esto suele coincidir bastante con el contenido final de la sentencia:  “Todos los que hasta ahora han sido procesados, si no tienen algo que decir nuevo, tienen muy fácil una condena si acaso no llegan a una conformidad con las acusaciones o el Ministerio Fiscal. Seguramente en las conclusiones a las que llegue el juez instructor sean muy parecidas a las que llegue el juzgado de lo penal en una futura sentencia”.

En concreto, el auto ordena que se continúe la tramitación de las diligencias previas “por si los hechos investigados atribuibles a Atilano Soto Rábanos, Fernando Tapias Domínguez, Manuel Agudiez Campo, Elena GarcíaGil, Fernando Acebes González, Juan Ignacio Antón Contreras, José Pablo Lozoya Martín, Miguel Angel De Vicente Martín, José Luis Sanz Merino, Jesús Manuel Yubero Fuentes, María Concepción Monte De la Cruz, Alfredo Velasco Barrio y Antonio Jesús Rodríguez Belloso fueren constitutivos de presunto delito de administración desleal, a cuyo efecto procédase a dar el traslado previsto en el artículo 780.1 de la LECrim. al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo común de diez días, solicite/n la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias”.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento respecto de los investigados Manuel Berzal Lobo, José Pedro Palomo Hernangómez, Juan José Martín Casado y Ana
María Valiente Borrego.

IU pide la imputación de los implicados en Asturias y de los asesores a Bankia del despacho de Roca y Garrigues

Sobre los implicados en Asturias, el auto dice que no procede imputarles en un delito de administración desleal,  aunque IU ha presentado un recurso en el que pide que se les impute otro delito, concretamente el de receptación del artículo 301 del Código Penal, puesto que utilizan el objeto del delito, ese pago de casi siete millones de euros, para exonerarse totalmente de cualquier responsabilidad que se les pudiera derivar.  También solicita que se impute por un delito de estafa a unos asesores de Bankia de los despachos de Roca -aunque aparecen con otro nombre-  y de Garrigues, “que hicieron creer a parte de los consejeros y no a todos que era lo mejor que podían hacer si no lo único, sin ser así, lógicamente”.

“Lo que es seguro es que once personas van a responder y además la entidad jurídica Bankia, como partícipe a título lucrativo, y la compañía de seguros Caser , lo que es una buena noticia, porque parece que el Torreón y otros muchos inmuebles no van a caer en manos en este momento incierto de la política nacional no sabemos adónde, si Bankia fuera objeto de una privatización, que es lo que tiene planeado para ella mucha gente”, ha indicado el letrado.

IU deja abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo

A partir de ahora, las acusaciones personadas, IU, la Fundación Caja Segovia y el Ministerio Fiscal –“que no ha aparecido todavía”- tienen diez días para hacer el escrito de acusación. Los delitos a los que se enfrentan los imputados pueden ascender hasta a cinco y seis años de cárcel en el peor de los casos. “Pero no es nuestra intención que nadie acabe entre rejas de una manera vengativa, sino recuperar el perjuicio económico que se ha hecho“, ha subrayado Alberto López.

El abogado de IU ha reiterado que la posibilidad de llegar a un acuerdo está abierta: “Aquí no tenemos ninguna inquina personal para que todo el mundo deba ser condenado a lo máximo posible y si eso puede abreviar el procedimiento y tener una solución satisfactoria para los damnificados en su totalidad podría ser una posibilidad”.

Según el letrado, el auto deja ver claramente que unos exconsejeros participaron de una manera mucho más activa que otros. Por ejemplo, “dice que el vicepresidente, el presidente, el director general sabían perfectamente lo que estaban haciendo y otros en absoluto, otros iban allí a votar como siempre, como verdaderos testaferros, sin pedir documentación ni responsabilidad a nadie y se volvían a su casa con el regalo correspondiente y hasta la próxima. Este tipo tipo de delitos de adminstración desleal requiere una culpablidad  mayor que la simple dejación de funciones de una persona que ya sabe que es testaferro y que su figura es meramente decorativa”.

Responsabilidades políticas

En el capítulo de las responsabilidades políticas, el coordinador provincial de IU, José Ángel Frías, ha señalado a los salpicados del PP y del PSOE en la Diputación Provincial: “Consideramos que se está llegando al máximo de la corrupción en España en la provincia de Segovia. Hay cargos en la Diputación Provincial que a mí me sorprende que a estas horas de la mañana no hayan presentado su dimisión como cargos públicos en la provincia de Segovia. Son tres casos conocidos y de los dos principales partidos que se caracterizan por a ver quién tiene más imputados en casos de corrupción, que son el PP y el PSOE. Entiendo que estarán arropados por sus partidos”.

Del presidente de la FES, Pedro Palomo, ha dicho que “se ha librado por casualidad y se lo deberían hacer mirar”. Y también se ha referido al director provincial de Educación, “que también me extraña que no teniendo dinero ni para maestros ni para suplencias ni para libros de texto ni para subvenciones, ni para monitores, él esté imputado en un caso de administración desleal”.