Ángel Galindo Hebrero eleva al Pleno de la Corporación la moción contra la ley de protección ciudadana

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos demo-cráticos básicos recogidos en la Carta Magna.

La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches (a diferencia de la opinión del ex presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley nos indica que esta “Ley Mordaza” vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.

El propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, ya calificó el proyecto de ley de altamente preocupante y desproporcionado. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, puso en duda que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y manifestó que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación. También organizaciones como Amnistía Internacional han alertado de la amenaza que esta ley supone para los derechos y libertades de la ciudadanía, como la libertad de expresión o el derecho de reunión, además de que incrementa los poderes policiales sin que se establecezcan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.

La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.

Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de IU Segovia eleva al Pleno los siguientes acuerdos:

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Segundo.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos, sino fundamentalmente preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.

Tercero.-Dar traslado a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.