El pasado viernes 17, el grupo magenta de la Diputación Provincial, registró un Recurso de Reposición contra un acuerdo del último pleno, exponiendo una solución al conflicto planteado con el reparto de los puestos eventuales entre los diferentes grupos políticos con representación en la cámara. A continuación se exponen sus argumentos.
"Una de las cuestiones esenciales de la actividad democrática, es asegurar la efectiva participación de las minorías tanto en el control del ejercicio del poder como en la participación activa de la actividad política pudiendo proponer alternativas constructivas. Ello exige, evidentemente, contar con los medios necesarios a tales fines. La visión de la “proporcionalidad” directa expuesta, causa “graves estragos” en la funciones de control, y, por ello, en la esencia del ejercicio democrático del poder.
El Equipo de Gobierno ha decidido que necesita 8 nombramientos de personas de confianza. 8 personas para 13 Diputados que a su vez cuentan con todo el apoyo organizativo de los funcionarios y estructuras de la Diputación Provincial.
Lo que resulta imposible de justificar, tanto desde el punto de vista racional, como ético, como democrático, es que después de la previsión de 8 puestos de eventual confianza, de los cuales 2 son Auxiliares para los órganos de Gobierno, ahora se prevea otro puesto para el Grupo Político Popular de adscripción
Es decir, el ratio es 9/12 para los que gobiernan y 3/12 para la oposición. Esta desproporción manifiesta tiene su especial significación en la consideración a los grupos minoritarios a los que considerándoles de forma despreciativa, ni tan siquiera se les reconoce el derecho a un Asesor Técnico.
Realmente resulta difícil encontrar una discriminación de tal envergadura. Pero no resulta difícil comprender que la finalidad de tales previsiones es “ahogar” el control del ejercicio de gobierno por los únicos que se encuentran legitimados, “prima facie”, a tales fines, que no son otros que los dos nuevos grupos emergentes, ya que, y ahí está la historia, el Grupo Socialista siempre ha sido connivente con esta distribución.
La asignación de una misma y única persona a este Grupo compartida con el de Ciudadanos, se deriva un primer motivo de ilegalidad: la propia regulación de tal figura impide que un mismo trabajador esté cumpliendo sus funciones en relación a dos grupos políticos diferentes integrantes del Pleno, cuyos intereses, funcionamiento y exigencias de asesoramiento y confianza no es que sean contradictorias entre sí sino que son INCOMPATIBLES. Este Grupo del Pleno Provincial entiende que no hace falta un gran esfuerzo para entender este extremo pero pondremos un ejemplo: ¿se puede conocer las estrategias discrepantes de uno y otro grupo y asesorar a uno y otro grupo en dicha estrategia, y bajo el secreto profesional que exige la confianza? La respuesta es NO.
En base a las anteriores premisas, la finalidad del recurso presentado por UPyD, tiene por objeto la redistribución del personal eventual de confianza respecto de los partidos de la oposición. Y en concreto se propone:
Grupo Socialista: Un Coordinador General y dos Administrativos.
Grupo “UPyD-Centrados en Segovia”: Un Coordinador General, con funciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico, y un Administrativo. Grupo “Ciudadanos”: Un Coordinador General, con funciones de Asesoramiento Técnico y Jurídico, y un Administrativo. Incluso este Grupo admitiría, en su caso, compartir el Administrativo con el grupo de Ciudadanos".
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