La Guardia Civil ha detenido a varios ex altos cargos de Bancaja y Banco de Valencia, entre ellos al ex vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, acusado de estafa y malversación, dentro de una operación por supuestas prácticas fraudulentas con empresarios en Levante, informó el cuerpo este lunes.
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La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de la operación “CORAL”, ha detenido a 9 personas y varias imputadas por supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental, realizando seis registros en domicilios y empresas en las provincias de Valencia y Barcelona.
La investigación se inició en el año 2014 como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A., tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. En ésta, se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mejicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe Mejicano, superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
La operación está siendo realizada por agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Unidad Central Operativa, apoyados por otras Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación.
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