Ante las informaciones publicadas en portada de un diario de información general en el día de hoy, en las que se cita un informe de la Agencia Tributaria que denuncia una trama organizada por varios dirigentes del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, mediante la cual se habrían obtenido, presuntamente, 110 millones de euros en sobornos de las compañías eléctricas a cambio de concesiones para la instalación de parques eólicos, Podemos Castilla y León quiere expresar, una vez más el hartazgo ante una situación insostenible de saqueo de lo público y engaño a la ciudadanía, con el único fin de favorecer a los intereses de unos pocos.
La creación ad hoc de empresas interpuestas y la participación en el accionariado de las mismas por parte de varios dirigentes vinculados a la Consejería encabezada por Tomás Villanueva ha sido el método utilizado para el pago de favores por parte de compañías del sector eléctrico. Según denuncia la Agencia Tributaria, tras el amaño de la concesión administrativa, la recompra de dichas acciones por parte de Iberdrola supuso beneficios que han llegado a multiplicar por 2.000 la participación inicial, como es el caso de Alberto Esgueva, ex consejero delegado de la empresa pública EXCAL, que habría ingresado casi 48 millones de euros.
Dada la especial implicación y responsabilidad del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, encargado de autorizar, así como del propio consejero de Economía, Tomás Villanueva, mano derecha del actual presidente Juan Vicente Herrera, exigimos la dimisión inmediata del consejero, así como la comparecencia pública del propio presidente de la Junta de Castilla y León.
El caso destapado hoy no es más que una muestra de la verdadera cara del Partido Popular en las instituciones de nuestra tierra, cortijo durante varias décadas al servicio de los intereses de unos pocos bolsillos y en contra de la gran mayoría que sufrimos sus saqueos. El uso de empresas y fundaciones públicas dependientes de la Junta para entretejer redes clientelares, han convertido a estos entes en muchos casos en nidos de corrupción.
Ya se vieron imputados en el caso Lasarte Carmen Luis Heras, Javier Lasarte y 13 funcionarios que fueron cesados de la Junta de Castilla y León vinculados con el PP, entre agosto y septiembre de 2008. Todos ellos fueron acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. Las comisiones de industria las presidían los secretarios de Industria y Fomento, Emilio Fernández, y Ana Isabel Suárez, ya cesados, mientras que las de Medio Ambiente hacía lo propio el secretario territorial de León, Javier Lasarte, también cesado. Luis Aznar, jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en Zamora. El dinero estafado se calculó que fueron 18 millones de €.
Más reciente es el caso de 'La perla negra', de total actualidad, edificio de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda. A mediados de abril más de una veintena de cargos y ex responsables de la Consejería de Economía y de ADE fueron imputados tras la denuncia de la Fiscalía por delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el propio edificio de Arroyo con sobrecostes de más de 50 millones de euros en total (pagos superiores a 4 veces el coste real por metro de suelo.
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