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TRAS LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN

El PSOE urge a la derogación de las tasas judiciales

Zoquejo.com | 36 Viernes, 26 de Septiembre de 2014 Tiempo de lectura:

El PSOE urge a la derogación de las tasas judiciales que crean ciudadanos de primera y de segunda según tengan o no dinero para costear la defensa de sus derechos ante los juzgados. El secretario general del PSOE en Segovia, Juan Luis Gordo, afirma que “tras el nefasto trienio de la desigualdad de Gallardón, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene tres tareas urgentes: derogar las tasas, retirar el proyecto de ley de justicia gratuita y renunciar a la desaparición de los partidos judiciales”.

[Img #25268]Juan Luis Gordo critica que “la ley de tasas del Gobierno popular vulnera claramente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. “Es una vuelta de tuerca más del Gobierno del PP a los ciudadanos, a los que les ha impuesto el copago en sanidad, aumentado el coste en educación y desmantelado los servicios públicos y la Ley de Dependencia”, apunta.

 

 

Sobre “el tasazo del PP en justicia, ya ha provocado que en Segovia en un año, en 2013, disminuyesen en mil los asuntos”, indica el secretario general socialista quien recuerda que “el Gobierno popular obliga por ejemplo a pagar 168 euros por divorciarse si no hay acuerdo y 500 euros por recurrir a un despido; y si se quiere llegar hasta el Tribunal Supremo, asciende a 1.200 euros, cantidad nada desdeñable para tantas familias y ciudadanos, sobre todo para quienes están pasando por más dificultades económicas”.

 

 


Recuerda que “esta normativa que hemos heredado de Gallardón, a instancias de Rajoy, es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Además, el PSOE presentó en su momento recursos de inconstitucionalidad tanto a la ley de tasas judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), como el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de tasa y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

 

 

Mientras, Juan Luis Gordo lamenta que “representantes populares, como la diputada Beatriz Escudero, defiendan las tasas con un entusiasmo exacerbado y alejado de las necesidades de los ciudadanos, esta semana en el Congreso de los Diputados; como también jaleó la fallida contrarreforma de la Ley del Aborto”.  

“Esta normativa es pura y llanamente recaudatoria, pero ni siquiera está dando los resultados que nos quieren vender: los juzgados siguen colapsados por la falta de medios materiales y humanos”, argumenta el también diputado nacional.

 

 

JUSTICIA GRATUITA

 

 

Además, “la nueva justicia gratuita deja fuera a un número importante de ciudadanos y busca beneficiar a los grandes despachos”. “Es un elemento más de desigualdad que incorpora el PP a los ciudadanos”, manifiesta y añade que “el proyecto de ley del Gobierno de Rajoy vincula la financiación de este servicio con la recaudación de tasas judiciales”. “Los socialistas defendemos que para garantizar la justicia gratuita debe existir financiación adecuada y no generar incertidumbre relacionándola con la recaudación de las tasas judiciales”, explica.

 

 

Por otra parte, “este proyecto de ley perjudica a las unidades familiares con una sola persona, al incrementar la cuantía máxima de recursos para acceder a la justicia gratuita y se endurece la tramitación, con condiciones difíciles de cumplir, como la obligación de que el ciudadano que no conoce las leyes diga que servicios va a necesitar un letrado”, critica.

 

 

PARTIDOS JUDICIALES

 

 

En cuanto a la desaparición de los partidos judiciales y algunos órganos jurisdiccionales, “es bien conocida la postura del PSOE: oposición y rechazo total al desmantelamiento del servicio público de la justicia que el Gobierno del PP pretende”.

 

 

“Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a facilitar la tutela judicial”, remarca Juan Luis Gordo, quien matiza que “es más preocupante aún si cabe en provincias como Segovia, con una población envejecida y dispersa y, en ocasiones, con dificultades para trasladarse fuera de su pueblo o cabecera de comarca”.

 

 

Así, “reclamamos la retirada de estas tres normativas que tanto daño hacen a la igualdad de los ciudadanos en materia de justicia”, concluyó Juan Luis Gordo.

 

 

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