El juzgado número 2 desestima la reclamación de casi 60.000 € de Atilano Soto a Segovia 21

Sólo con estos dos datos (aunque no ha sido lo único escandaloso) puede entenderse que la viabilidad del proyecto llegara a ser muy cuestionable y que, como pedimos desde UPyD de forma expresa, se cesara a los responsables de la desastrosa y carísima gestión de Segovia 21, entre ellos, Atilano Soto.

Lo que no resultó tan fácil de entender es cómo quien fue presidente del Consejo de Administración de Caja Segovia que aprobó las prejubilaciones de los directivos y la hipoteca del Torreón de Lozoya (imputado por ello, además de por el caso Bankia) y que en Segovia 21 cobró 8000 euros al mes por no hacer nada (porque el trabajo lo hacía Fomento Territorial) cuando fue cesado reclamara a Segovia 21 la cantidad de 57.261,79 euros por impago de retribuciones.

Recientemente se ha desestimado la demanda rechazándose el pago de dichas remuneraciones en favor de Atilano Soto por desempeñar sólo funciones orgánicas como Consejero Delegado. En los estatutos de la sociedad no se prevé remuneración por el trabajo orgánico. Es decir, el trabajo de Atilano Soto, según los estatutos, era gratis y por tanto no se ha encontrado justificación para que cobrara los casi 60.000 euros que reclamaba.

Sin embargo, esta situación de cobrar por nada se dio desde que se suscribió el contrato con Fomento Territorial para la gestión integral de Segovia 21 en el año 2002 por lo que cabría la posibilidad de reclamar a Atilano Soto las cantidades percibidas desde entonces. Esta cifra podría superar el millón de euros. Por todo ello instamos a Verae y al Presidente de la Diputación Provincial para que inicien las acciones legales pertinentes y que este dinero sea devuelto al patrimonio de Segovia 21.

Pasados dos años desde que se conoce la mala gestión en Segovia 21, siendo dos de los máximos responsables políticos miembros destacados del Partido Popular (Atilano Soto y Javier Santamaría, ex Presidente de la Diputación y senador) y habiendo imputaciones en más de una causa de por medio (Bankia, Caso Caja Segovia) resulta obligado preguntar al Partido Popular los motivos por los que no se han iniciado expedientes internos para depurar las responsabilidades de los miembros de su partido.