La Diputación trabaja ya en adaptarse a la Nueva Ley de Transparencia

La institución provincial viene trabajando en adaptarse a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pero ahora, con el apoyo de los dos grupos con representación en la corporación, contará con un Plan específico.

“La transparencia y rendición de cuentas, la ética pública y el buen gobierno, deben regir toda acción política”, se declara en la exposición de motivos de la Ley 19/2013; mientras que la FEMP prescribe que transparencia y buen gobierno deben regir globalmente, y en todo su radio de acción  y servicios, la gestión municipal y provincial.

La Diputación de Segovia está comprometida con este objetivo, consciente de que la Transparencia se entiende como el sometimiento a controles y autorregulaciones que se articulan a través de la publicación de información, el acceso y difusión de la misma y los códigos sustantivos de conducta que comprometen la acción institucional, y su canal de acceso es  principalmente la web o Portal municipal.

Las vías de avances en Transparencias se enmarcan en dos ejes: las prescripciones de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y acceso a la información pública; y la mejora en  los indicadores promovidos por Transparencia Internacional España, que mide y evalúa a  Diputaciones, Comunidades Autónomas, Parlamentos y a los principales Ayuntamientos en la publicitación de contenidos documentales de tipo económico, financiero, contractual, de información institucional y de relaciones y soporte a los municipios.

En ese sentido, la Diputación de Segovia, como clave de su acción de gobierno, quiere responder a la demanda normativa y social de una nueva ética pública de Transparencia y gobierno abierto que contribuya a la excelencia y eficiencia de gestión, al fortalecimiento institucional y a la confianza y mejor valoración de la ciudadanía  sobre la labor de la Diputación. Y en esa línea se circunscribe el Plan aprobado esta mañana.

Código de Buen Gobierno Local

Por otro lado, la Diputación de Segovia se ha adherido también al Código de Buen Gobierno Local aprobado unánimemente por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE) en sus Recomendaciones nº 60 y 86, pretendía inspirar los comportamientos de las autoridades locales en relación con la “ética política”.

Por su parte el “Código Europeo de Conducta para la integridad política de los representantes locales electos”, aprobado por el CPLRE, aboga por la promoción de códigos de conducta para los representantes locales como instrumentos que permitirán crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que desempeñar sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas normas éticas. En esta dirección insiste también la Conferencia de Ministros europeos responsables de las instituciones locales y regionales, con ocasión de la declaración sobre la “participación democrática y la ética pública a nivel local y regional”. Su declaración de la sesión de Valencia, haciendo referencia a la Agenda de Budapest y a otras Recomendaciones del Consejo de Ministros y del Consejo de Europa, recuerda la utilidad del Manual de Buenas Prácticas sobre la Ética Pública en el nivel de los Gobiernos Locales.

En base a sus recomendaciones y respetando el marco normativo vigente, la Federación Española de Municipios y Provincias consideró conveniente la redacción de una serie de principios y el diseño de instrumentos de gobierno, que contribuyeran a consolidar pautas de comportamiento de los electos locales en aras a configurar una ética pública común que evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones corruptas, y por el contrario sirva para generalizar las buenas prácticas.

El Código contribuirá a la mejora de los modelos de gestión asegurando a los ciudadanos un buen gobierno local como garantía de igualdad y solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad democrática en el ámbito de gestión más próximo al ciudadano. Se trata, en fin, de profundizar en la configuración democrática y participativa de las corporaciones locales.