La Sepulvedana priva del abono transporte a un estudiante y el caso llega a la Defensora del Pueblo

El estudiante Alejandro de Miguel Álvaro se ha visto obligado a acudir al Procurador del Común ante la indefensión que le ha supuesto la decisión arbitraria de la empresa La Sepulvedana, que le ha privado de forma permanente de su abono transporte, y le obliga a adquirir diariamente el billete para desplazarse desde Segovia a Madrid para acudir a la Universidad, lo que le está suponiendo un importante quebranto económico a su familia, según ha expresado de Miguel en una nota de prensa.

Alejandro es uno más de los usuarios de La Sepulvedana que se han visto afectados por las irregularidades del servicio transporte Segovia – Madrid, prestado por esta empresa. En este caso, Alejandro tuvo un incidente con la empresa en enero de 2.012, cuando se le retiró su tarjeta C2 – abono joven a un compañero suyo por el uso indebido de la misma. La retirada de la tarjeta se hizo de forma irregular al no identificar al verdadero infractor, y no entregándose resguardo justificativo de la retirada. Inicialmente, Alejandro estuvo privado de su abono transporte durante ocho meses, aunque en ningún momento se emitió resolución alguna donde se adoptara la decisión de la retirada del abono transporte. En septiembre de 2.012, Alejandro adquirió de nuevo su abono, aunque después de cuestionar otras irregularidades de esta empresa, la misma decidió de nuevo su retirada en mayo de 2.013, basándose en el incidente de enero de 2.012 y argumentando un error administrativo en la entrega del abono en septiembre de 2.012.

Estas decisiones las ha adoptado la empresa, La Sepulvedana, de forma unilateral sin iniciar expediente sancionador alguno, lo que sitúa al usuario del servicio en una situación de absoluta indefensión. No se puede olvidar que La Sepulvedana es la única concesionaria del servicio regular de transporte por carretera de la línea Segovia-Madrid, y como concesionaria de un servicio público está obligada a actuar según la normativa aplicable en materia de transporte, y no procede la imposición unilateral y arbitraria de sus propias normas.

Ante esta situación de abuso, las administraciones competentes han adoptado una postura de absoluta pasividad. A pesar de haberse dado traslado del incidente al Ministerio de Fomento, al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid y al Servicio Territorial de Fomento de la Junta denCastilla y León, las dos primeras no se han pronunciado sobre la cuestión, y la tercera, se ha declarado incompetente para actuar.

Alejandro de Miguel también se ha dirigido en varias ocasiones a la empresa La Sepulvedana, con el fin de estudiar el incidente y hallar una solución aceptable para ambas partes, pero los responsables de la empresa consideran irrevocable la sanción adoptada a pesar de la desproporción de la misma y del quebranto económico que les consta estar suponiendo a la familia del usuario.

En consecuencia, Alejandro de Miguel no ha visto otra opción que acudir al Procurador del Común que ha admitido a trámite su queja, aunque entendiendo que al manifestar su disconformidad tanto con la actuación de la Consejería de Fomento de la Comunidad de Madrid como con la del Ministerio de Fomento, se ha acordado trasladar la queja a la Defensora del Pueblo.