Gordo exige al presidente de la Diputación que asuma la dirección del proceso de Segovia 21

Juan Luis Gordo denunció que “la situación de Segovia 21 es el resultado de una nefasta gestión del PP, con la que destacados dirigentes populares tuvieron emolumentos desorbitados”. Tras expresar la preocupación del PSOE por la situación preconcursal en la que se encuentra Segovia 21, ante la imposibilidad hacer frente al pago de las deudas contraídas por esta sociedad, consideró “insólito e inaceptable que la Diputación, accionista mayoritario de la sociedad, haya perdido el control y la dirección, cediendo estas facultades a un administrador único vinculado al PP, a Verae, cuyo representante es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, y cuya dedicación a este asunto es solo a tiempo parcial”.

Pero, “el PSOE de Segovia sigue defendiendo la continuidad de Segovia 21 para conseguir rendimientos de su actividad  para la provincia, eso sí la mejor gestión y la mayor transparencia”, incidió el secretario general socialista. Así, “es necesario salvar el concurso de acreedores”, hizo hincapié y pidió a la Diputación que rescinda el contrato con Verae como Administrador único”.

“El PSOE tiene una posición clara respecto a Segovia 21: hay  que salvar el concurso de acreedores y que el presidente de la Diputación recupere el control y la dirección de la sociedad”, reseñó Juan Luis Gordo. Añadió que “es necesario el trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas en la Diputación para evitar pérdidas patrimoniales y conseguir rentabilizar las inversiones realizadas, para conseguir retornos y aplicarlos en los municipios segovianos”. “Hay que rescindir el contrato con Verae como Administrador único y encargar a una entidad experta y de experiencia contrastada un ‘Plan de Empresa’; y, si así lo aconsejase este plan, ir a una gestión indirecta, seleccionada por su solvencia técnica y basándose en los planes de acción que presente: de viabilidad comercial, económico-financiero, de organización y contraprestaciones”, continuó. “Su selección se ha de efectuar conforme a los principios de publicidad y transparencia, y su gestión debe ser a riesgo y ventura”, afirmó. Por último, “la Diputación ha de establecer una Comisión de Control de carácter político, con la participación y apoyo externo de los técnicos especialistas que precise. Ha de efectuar un control de actuaciones y hacer las propuestas al Pleno de las directrices de contratación y gestión que ha de seguir, en su caso,  la “gestión indirecta”. En ningún caso se trata de un Consejo de Administración, sino de una Comisión informativa que eleva propuestas al Pleno”, matizó.

En un repaso por la historia de Segovia 21, calificó la trayectoria de “desastre en desastre hasta la batalla final”. La sociedad fue constituida en 2002, con capital  del más de un millón de metros cuadrados de la finca de Quitapesares, parte de monte de utilidad pública, que aportó la Diputación, más una pequeña cantidad de la Cámara de Comercio para la gestión de un proyecto urbanístico, a la que se unió después Caja Segovia.

La gestión de la sociedad ha tenido dos etapas, la primera entre 2002 y 2012, en la que, con un consejero delegado –presidente de Caja Segovia y anterior presidente de la Diputación- y un director general –el jefe de su Gabinete-, se descatalogó por fases la finca de Quitapesares como monte de utilidad pública, para poder vender sin licitación pública una parte de la participación de la Diputación a un precio sustancialmente inferior al real, con un evidente ánimo de lucro y un grave perjuicio para el patrimonio de la institución provincial y de los segovianos. “Se estima que la pérdida para la Diputación es superior a los seis millones de euros”, indicó el secretario general. También tenía un Consejo de Administración, con el presidente de la Diputación, su jefe de Gabinete y un conjunto de notables, mayoritariamente afiliados al PP, y del que formaba parte también el portavoz y secretario del PSOE en la Diputación hasta 2007, aunque según él, a título personal, y sin reportar al partido.  

El gestor era la empresa Fomento Territorial, auténtico promotor de proyecto, que percibió una retribución anual de 600.000 euros más el 3,7 por ciento de los inmuebles vendidos. La empresa cobró más de diez millones de euros, de los que cuatro han sido abonados indebidamente, según sentencia judicial, una empresa relacionada, según los informes de la Agencia Tributaria, con la presunta trama de financiación irregular del PP, ligada a actividades de un antiguo diputado del PP y su cónyuge.

En la segunda etapa, desde 2012, el actual presidente de la Diputación, y del PP, incluso antes de constituirse Segovia 21, “da un golpe de mano y designa Administrador único a Verae, empresa del asesor jurídico del PP en Segovia, constituida en ese año; con una contraprestación de 140.000 euros anuales más IVA y un variable asociado a cuantos litigios tenga Segovia 21, lo que ha dado lugar a un incremento notable de la litigiosidad, en una adjudicación que se realizó ‘a dedo’, en lugar de licitación pública que requería, ya que la participación mayoritaria de la sociedad es de capital público” incidió. “Esto conlleva la pérdida de control y dirección por parte de la Administración pública titular, la Diputación”, denunció.

“En este tiempo, y siempre aconsejado por su asesor jurídico del partido, ahora administrador de Segovia 21, se embarcaron en un proyecto de ingeniería financiera para que la ‘Faisanera Golf SLU’, sociedad filial de Segovia 21, pueda recibir 6,9 millones de la Junta a través de la Diputación, y presentar el ‘salón de actos’ como el “palacio de congresos” que prometió el presidente Juan Vicente Herrera a Segovia”, manifestó. Sin embargo, “su auténtica intención es sanear Segovia 21; y en este proyecto han contado con el apoyo de la consejera de Agricultura”, concluyó.