Segovia experimenta una reducción de 287 cotizantes a la Seguridad Social en la actividad agraria

Según los datos que la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha podido recoger de las estadísticas que, mensualmente, ofrece la Seguridad Social (SS), el mes de enero de 2014 se ha cerrado con 41.826 cotizantes a la SS por el ejercicio de la actividad agraria por cuenta propia en nuestra Comunidad Autònoma, es decir, han dejado de cotizar cada día cuatro Agricultores y/o Ganaderos a Título Principal (ATPs) en lo que va de este año 2014 (diciembre/2013, 41.941), por consiguiente en el mes de enero/2014, han dejado de cotizar 115 (4 por día), lo que pone de manifiesto la tremenda crisis silenciosa que arrastra este colectivo en los últimos años. Así, partiendo de los datos de enero de 2008, en 6 años, 7.998 profesionales agrarios han dejado de cotizar a la SS en esta región por la actividad agraria, lo que significa, en el período enero/2008 y enero/2014 una disminución de cotizantes superior al 16%, una pérdida media de activos de más de 1.300 cotizantes por año y de 4 cotizantes por día.

Informaciones como estas ponen en evidencia la necesidad de que las distintas Administraciones Públicas comiencen a tomarse en serio, algo que no han hecho hasta la fecha, la dramática situación que se vive en el sector agrario regional desde hace años. Ha llegado el momento, en opinión de la UCCL, de que tanto desde el Ministerio de Agricultura como desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se lleve a cabo una verdadera política agraria a favor de los ATPs tendente a tratar de recuperar la renta de estos profesionales, pues, según nuestra opinión, no es suficiente con la gestión de fondos comunitarios.

En este sentido, es básico, para esta Organización, que las Administraciones traten de controlar las desproporcionadas subidas que se están produciendo en los distintos factores de producción (gasóleo, abonos, piensos, electricidad…) medidas estas que deben ir unidas a otras que corrijan los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y destino, vinculando, además, la concesión de ayudas a las industrias agroalimentarias a que éstas se abastezcan de materia prima existente en Castilla y León a precio justo, siempre por encima de los costes de producción, evitando circunstancias como las que actualmente viven determinados sectores agrícolas y ganadero; se debería haber aprovechado la aplicación en España de la Reforma de la PAC para que los ATPs tengan un tratamiento diferenciado, en positivo, cuando se proceda al reparto de los fondos comunitarios (pagos directos, ayudas desarrollo rural,…). En definitiva, se trata, según la UCCL, de asegurar el futuro a los ATPS, que todavía hoy quedan en la región, pues nadie debe olvidar que son los que están contribuyendo de una manera definitiva a asegurar la existencia de un medio rural activo, generando empleo, riqueza, fijando población, conservando el Medio Ambiente…