El Consejo de Ministros del 13 de diciembre ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se reestructura la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y se segrega ADIF en dos entidades: ADIF y ADIF Alta Velocidad.
Esta separación busca, según ha explicado la ministra de Fomento, Ana Pastor, "mayor racionalización del sector ferroviario, en aras a lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, para asegurar la estabilidad presupuestaria".
También pretende la mejora en la gestión de los recursos públicos, ya que ADIF Alta Velocidad se financiará mayoritariamente con ingresos de los operadores y del mercado, mientras que ADIF estará financiada principalmente con transferencias del presupuesto estatal, ha concretado Pastor.
La nueva entidad, ADIF Alta Velocidad, gestionará la construcción y administración de las infraestructuras de alta velocidad y las infraestructuras y funciones que se le transfieran, como son todos los negocios de estaciones de Alta Velocidad, toda la actividad de telecomunicaciones y toda la actividad energética.
Su creación, ha subrayado la ministra, "no supondrá incremento de dotaciones, retribuciones ni, por supuesto, otros gastos de personal al servicio del sector público y se garantizan las condiciones laborales del personal de la nueva entidad".
Por su parte, ADIF tradicional administrará la red convencional y de ancho métrico y los negocios no afectos a ADIF Alta Velocidad, ha señalado Pastor.
En el área de Fomento, el Consejo de Ministros también ha autorizado la suscripción de un contrato entre el Gobierno y Renfe-Operadora para garantizar la calidad, frecuencia y operatividad del transporte ferroviario de servicio público para lo que queda del año 2013, y los años 2014 y 2015. De este servicio público se benefician, según ha subrayado Ana Pastor, más de 300 millones de pasajeros al año.
El presupuesto para el año 2013 es de 510,2 millones de euros, el correspondiente a 2014 es de 501,4 millones de euros y el relativo a 2015 es de 495,3 millones de euros. Estas aportaciones suponen un incremento del 21% respecto de años anteriores, ha dicho la ministra.
Este contrato, según ha explicado la titular de Fomento, garantiza la prestación de servicios de alto componente social, mediante la subvención del 50% de sus costes, asegura su calidad, puntualidad y frecuencia, garantiza el derecho a la movilidad de los ciudadanos y la vertebración territorial.
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