UPyD piensa que Bankia y la Fundación tienen la obligación de pedir responsabilidad civil a los administradores de Caja Segovia

Igualmente, también han instado a la Junta de Castilla y León a asumir sus responsabilidades e iniciar las acciones pertinentes. Y han considerado que la opinión pública debería presionar a la Junta. Pese a la petición de responsabilidades, los miembros de UPyD han manifestado la sospecha de que no hay ninguna intención de hacerlo, porque confluyen los mismos intereses, en una “connivencia clarísima”.

Preguntado por la responsabilidad de la actual Bankia en el expolio de Caja Segovia, Ramón Marcos, diputado por UPyD en la Asamblea de Madrid, ha respondido que "Bankia no ha tenido responsabilidad en el expolio de Caja Segovia. En el expolio de Caja Segovia han tenido responsabilidades los miembros de su Consejo de Administración y de su Consejo de Dirección".


Asimismo, Marcos ha querido destacar la importancia del trabajo de UPyD Segovia, en concreto de su portavoz, Luciana Miguel, en el caso de la que fuera entidad segoviana: “Lo que se ha realizado en Segovia es un modelo de lo que debería hacerse en todo el país”, ha dicho.

“Arahuetes, entre otros, quien ha hecho millonario a Folgado”

Precisamente, Luciana Miguel ha recordado en qué punto estamos: Frente una caja transformada en fundación cuya viabilidad está en entredicho, entre otras cuestiones, por tener que afrontar la hipoteca del Torreón de Lozoya, tenemos un grupo de 8 personas, los directivos de la caja, que han percibido unos 34 millones de euros entre prejubilaciones y planes de pensiones.

En nota de prensa sobre el tema, UPyD ha señalado que para ello se modificaron las condiciones en las prejubilaciones y se aumentaron los gastos de personal de la alta dirección fundamentalmente a expensas del año 2010 (último de autonomía financiera). Todo ello en un momento en que la caja había reducido su patrimonio neto casi un 70% de 2009 a 2010 (el patrimonio neto de la Caja se situaba en  125,6 millones de euros frente a los 320,9 millones de diciembre de 2009).

“Lo acontecido en Caja Segovia tiene una repercusión tremendamente nociva para los ciudadanos (sobra recordar que se integró en Bankia y serán los contribuyentes quienes paguen literalmente las consecuencias de la mala gestión de directivos como los de Caja Segovia). Pero configura un escenario político desolador en Segovia donde frente la continua confrontación aparente del grupo popular y socialista la realidad es que más allá de la enemistad expresamente declara por Arahuetes hacia Folgado lo cierto es que Arahuetes, entre otros, quien ha hecho millonario a Folgado”, indica la nota.

“Comportamiento inaceptable de Folgado”

Y siguiendo con el viceportavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Segovia, en materia de retribuciones percibidas por los directivos de la caja, “Folgado ha tenido un comportamiento inaceptable desde el punto de vista político”, asegura la formación magenta: “Este concejal del partido popular ha procurado mantener en secreto la realidad de las cantidades y el procedimiento por el que se concedieron:

- Jugando con la terminología, cuando de lo que hablamos en definitiva es de dinero que los directivos se procuraron como premio a su mala gestión,
- Minimizando la gravedad del expolio afirmando que se ha limitado a ejercer un derecho que le correspondía,
- Intentando desvincularse del resto de directivos, especificando que no tenía un contrato de alta dirección (información con la que no está de acuerdo ni la Caja ni el Banco de España)
- E incluso adoptando una actitud victimista e insultante respecto a los trabajadores de Caja Segovia afectados por el ERE “recordando que él no está incluido en los 60 o 70 casos de prejubilación por ERE que han cobrado el despido convenido y disfrutan de importantes bonificaciones fiscales” (enero 2013).

Lo cierto es que el sistema de prejubilaciones fue diseñado en la Caja para los directivos, supuso un agravio comparativo respecto a los trabajadores y supuso un perjuicio para Caja Segovia”, concluye.


Desde UPyD insisten en que quienes permitieron el expolio (los miembros del CA) asuman sus responsabilidades políticas. “No se ha producido hasta la fecha ninguna dimisión (ni la de Javier Santamaría, ni la de Pedro Arahuetes, ni la de Juan J. Sanz Vitorio). Todos ellos deben cesar en sus cargos y junto a ellos, Folgado. Por la responsabilidad política que desde el Ayuntamiento, como representante de PP tiene, no sólo por su vinculación con los hechos ocurridos en Caja Segovia sino por su empeño en mantenerlos ocultos y su actitud ante los ciudadanos. Todos ellos deben dimitir y así seguiremos exigiéndolo”.

“¿Por qué nadie de Caja Segovia ni de las instituciones segovianas ha decidido iniciar una reclamación contra Bankia?”


La nota de prensa prosigue: “Caja Segovia ha perdido el 100% de su patrimonio (de su negocio y activos bancarios), aportados a BFA-Bankia, y hoy en día carece de patrimonio de ningún tipo (ostenta el 00,00 % de participación). Aportó varios miles de millones de patrimonio y tiene CERO hoy, a raíz del rescate y nacionalización de la entidad. De ser cierto, como dice Arahuetes que hubo "manipulaciones de balances" (en Caja Madrid, Bancaja o las restantes cajas), ¿por qué nadie de Caja Segovia ni de las instituciones segovianas ha decidido iniciar una acción de reclamación contra las restantes Cajas del SIP o contra la propia Bankia? ¿Por qué el consejero representante de Caja Segovia (Atilano Soto) en BFA votó a favor de la nacionalización si suponía perder todo su patrimonio?

Está claro que los consejeros políticos no servían a los intereses de los ciudadanos. Pero si únicamente servían a los intereses del partido que les había designado para el puesto, no sólo deberían devolver dietas, sino, especialmente, hacerse responsables de los cuantiosísimos daños que su comportamiento negligente ha causado al patrimonio de la entidad y, tras el salvamento de Bankia, a los contribuyentes españoles”.

Nuevas revelaciones sobre el caso

Finalmente, Unión Progreso y Democracia hace públicas nuevas revelaciones sobre el caso: “El expolio del patrimonio de Caja Segovia en beneficio de su cúpula directiva, en un momento enormemente delicado para su solvencia, ha constituido una operación perfectamente diseñada con premeditación y alevosía. Conocemos suficientemente los hitos fundamentales de ese plan, articulado a través de unas pólizas de seguro suscritas a un precio exorbitante en un momento en que la debacle era perfectamente previsible, que garantizaban la percepción de esas remuneraciones millonarias para cuando Caja Segovia ya no existiera. No vamos a insistir más en ello. Pero del análisis minucioso de la documentación que obra en nuestro poder hemos podido deducir una serie de conclusiones que, de no recibir un desmentido inmediato –debidamente documentado- por parte de los afectados, exigirían la apertura inmediata de un nuevo procedimiento en los tribunales de Justicia a acumular a los ya existentes.

La primera de ellas es la fundada sospecha de que algunos miembros del equipo de dirección de la entidad, entre ellos el secretario de la Caja, Antonio Tapia, compatibilizaron simultáneamente durante todo un año el cobro de su nómina pagada por la Caja y los derechos derivados de la póliza de prejubilación suscrita con la compañía de seguros, pues las dotaciones para prejubilación se concluyeron el 31 de diciembre de 2010 y la prejubilación efectiva tuvo lugar, en el caso del Sr. Tapia, un año después, sin que haya constancia de que la nómina de ese periodo se dedujera de la póliza de prejubilación, lo que constituye un claro fraude.

Pensamos que los afectados, y entre ellos especialmente el Sr. Antonio Tapia, están obligados a dar una explicación suficiente en relación a este aspecto. Por nuestra parte procederemos a remitir nuestras conclusiones a la fiscalía para que adopte las medidas que considere oportunas”.