1. Manifestamos nuestro rechazo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se está tramitando en el Parlamento, porque vulnera el principio de la Autonomía Local, y vacía de competencias a los Ayuntamientos, con el consiguiente riesgo de privatización de los servicios municipales.
2. Defendemos la pervivencia de todos los ayuntamientos y entidades locales menores que existen en Castilla y León.
3. Apostamos por un marco territorial en Castilla y León, que garantice la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y de acceso a los servicios públicos, residan donde residan.
4. Exigimos una financiación Local, incondicionada y estable, en el marco nacional y autonómico que permita la suficiencia financiera a los ayuntamientos.
5. Defendemos un modelo de servicios sociales básicos y de proximidad a los ciudadanos, con financiación suficiente, que garantice la correcta prestación de los servicios y prestaciones básicas sociales, como la ayuda a domicilio, teleasistencia, ayudas de emergencia social, servicios de información y orientación, servicios de apoyo a la familia y a la convivencia y servicios de animación y desarrollo comunitario.
6. Apostamos por un modelo judicial en Castilla y León, que mantenga los servicios en los actuales partidos judiciales, 42, garantizando el acceso de los ciudadanos desde la proximidad y el equilibrio territorial.
7. Reivindicamos una política de empleo local, que garantice la correcta prestación de los servicios municipales, así como una adecuada formación y capacitación de los trabajadores.
8. Reivindicamos fondos estatales y autonómicos de cooperación local en materia de inversiones que posibiliten las infraestructuras y servicios municipales.
9. Exigimos a la Junta de Castilla y León, un modelo de transporte público que facilite la movilidad y el desplazamiento de los ciudadanos de Castilla y León, recuperando los fondos económicos existentes antes del 1 de agosto de 2012.
10. Defendemos una política fiscal progresiva y equitativa.






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