Ley Montoro: La Junta, en minoría dentro del PP de Castilla y León

  Es conocido que uno de los más públicos y notorios encontronazos entre la Junta de Castilla y León y el gobierno Rajoy radica en la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, mas conocida como la Ley Montoro. El gobierno Herrera presentó hace meses un extenso catálogo de alegaciones al anteproyecto y, pese a que algunas de ellas han sido atendidas, persiste un alto grado de discrepancia con el texto que tramita el Congreso de los Diputados. Al punto de que el consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lo sigue calificando como un “atropello” y que el presidente de la Junta ha ratificado sus desacuerdos con la Ley, “le guste o no le guste” al gobierno. 

Fernando Martinez Maillo y Juan Vicente Herrera

El mimetismo por el que se tiende a identificar a la Junta con el PP de Castilla y León conduce a la engañosa conclusión de que el partido en la comunidad se opone en bloque la reforma local de Montoro y que solo algún dirigente aislado se desmarca de ese rechazo general. Y se señala con el dedo al presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, quien como vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, apoya decididamente el proyecto en tramitación parlamentaria. De forma que desde la Junta se presenta a Maillo como una especie de “traidor” a la causa de la comunidad. Pero la realidad es muy diferente, tanto que, a poco que se analice el asunto, se comprueba que en el PP de Castilla y León los apoyos a la Ley Montoro, aunque sea con matices, son mayoritarios frente al rechazo encabezado por la Junta.

 Pero no son solo presidentes de las Diputaciones y la mayoría de los presidentes provinciales del PP los que están encantados con la Ley Montoro. 

Miguel Ángel García Nieto y Javier León de la Riva

También lo están, aunque no lo expliciten, los alcaldes de los principales municipios, empezando por el de Valladolid, Javier León de la Riva, que verán satisfecha una de sus grandes reivindicaciones: Dejar de costear las llamadas competencias impropias. Siguiendo el principio de “una competencia, una Administración”, la Ley prevé que la Autonómica, es decir la Junta, se haga cargo de los servicios sociales de proximidad y residencias municipales de ancianos, así como de los gastos de limpieza y mantenimiento de los centros escolares y de los consultorios locales.

Zarrías y De Santiago, de acuerdo contra la Ley Montoro

 En consecuencia, tenemos que el rechazo de la Junta a la Ley Montoro no lo comparten, o solo lo hacen muy parcialmente, ni los presidentes de las Diputaciones, ni los presidentes provinciales del partido (si acaso, porque no tiene otro remedio, el palentino Fernández  Carriedo, portavoz del grupo popular en las Cortes Regionales), ni los alcaldes del PP de las poblaciones mas importantes, ni la Federación Regional de Municipios y Provincias. 
Por supuesto, tampoco los 21 diputados del PP elegidos por las circunscripciones de Castilla y León, que nadie duda de que, con enmiendas o sin ellas, apoyarán como un solo hombre el Proyecto de Ley. Previsiblemente lo mismo que los 38 senadores castellano-leoneses del grupo popular, cuyo secretario general no es otro que Antolín Sanz, presidente provincial del PP de Ávila. 
Por el contrario, la oposición de la Junta a la reforma ha sido muy celebrada por el secretario de Ciudades y Política Munícipal del PSOE, Gaspar Zarrías, que la ha incorporado al argumentario socialista en contra de la misma.