Cuando las barbas del vecino veas pelar...

Aunque en Castilla y León la Justicia se ha tomado con exasperante lentitud las distintas denuncias presentadas contra los responsables de las extintas Cajas de Ahorro, las actuaciones judiciales emprendidas en otras comunidades preocupan, y no poco, a los antiguos directivos y consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y Caja Segovia (no consta que Caja Ávila y Caja Círculo estén afectadas por ninguna denuncia de ese tipo).

La imputación de que acaban de ser objeto siete miembros de la antigua comisión ejecutiva de la Caja de Castilla-La Mancha ha desatado la alarma entre los ex consejeros de las cuatro cajas antes mencionadas. Y no es para menos. Entre los imputados por presunta “administración desleal” en la caja castellano-manchega figuran por igual personajes vinculados al PSOE y al PP, los dos partidos, que al igual que en Castilla y León, copaban los órganos de gobierno de la entidad. Uno de ellos es nada más y menos que el actual presidente del Consejo Consultivo de la comunidad castellano-manchega, Emilio Sanz.

Lo más grande del caso es que la imputación trae causa de la querella presentada en el año 2010 por la entonces jefa de la oposición en Castilla La Mancha y secretaria gneral del PP, María Dolores de Cospedal, contra el ex presidente de la CCM, el socialista Juan Pedro Hernández Moltó. Eso sí, la querella no la instruye ningún juzgado provincial sino el titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el mismo del “caso Bárcenas”, quién investiga una serie de operaciones crediticias que produjeron un agujero de 267 millones de euros en la entidad. O sea lo mismito que ha denunciado aquí IU en Caja España o la UPyD en Caja Burgos, con el agravante de que buena parte de los préstamos fallidos en estas cajas fueron concedidos a empresas vinculadas a sus respectivos presidentes.

Y otra noticia asimismo preocupante para los antiguos responsables de las Cajas de Castilla y León es el auto de la Audiencia Nacional admitiendo la querella contra Catalunya Banc por presunta estafa y apropiación indebida en relación con la comercialización de las participaciones preferentes y la deuda subordinada. Un presunto fraude idéntico al que viene investigando la fiscalía de Valladolid con respecto a Caja España y Caja Duero.

Poco a poco, el cerco judicial sobre los responsables del expolio se va estrechando y puede que pronto los del “caso Nozar” (Caja Duero) no sean los únicos imputados por los pufos perpetrados en las Cajas de Castilla y León.

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