La Junta de Castilla y León tiene registradas 2.981 familias, lo que supone una 10.000 personas demandantes de vivienda pública. Dato que en toda la comunidad se eleva a las 27.600 unidades familiares, que pueden suponer unas 100.000 personas, según detalló este martes el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero, quien presentó en Segovia las 22 medidas urgentes aprobadas por la Junta para facilitar el acceso a la vivienda.
Marinero,
que se reunió con representantes de empresarios, colegios profesionales y de la
asociación provincial de vecinos de Segovia, desveló también que la Junta es titular de alrededor
de un millar de viviendas en la provincia, de las que 900 son en régimen de
compra y 100 en alquiler. La morosidad que registran esas viviendas ronda el
10%. Porcentaje que es inferior en Segovia a la media de la región, donde asciende
al 16%.
Además, según datos facilitados por la propia Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, la Junta cuenta con tres promociones de viviendas públicas nuevas en la provincia: En Abades, con 17 viviendas; en Rapariegos, con 12; y en Navas de San Antonio, con 10.
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