![[Img #20009]](upload/img/periodico/img_20009.png)
No hace falta que les cuente -ya lo habrán
comprobado- que el nuevo curso político ha comenzado por los mismos derroteros
por los que acabó el anterior, con el PP negando sin pestañear las evidencias
derivadas del caso Bárcenas y con el
primer partido de la oposición sin recuperar la credibilidad necesaria para
ejercer con eficacia su imprescindible papel de contrapeso.
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| Rajoy, flanqueado por Cospedal y Arenas |
Por su parte, el PSOE ni siquiera ha sabido
hacer de la necesidad virtud para hacer creíble en Andalucía su voluntad de regeneración democrática. Después de que Griñán,
aunque fuera muy a regañadientes, terminara reconociendo que el caso de los
ERES había precipitado su dimisión, no resulta de recibo que su sucesora, Susana Díaz, se descuelgue proponiendo
a Rajoy un pacto anticorrupción sin aludir ni mencionar en ningún momento de su
discurso la trama corrupta que ha terminado provocando el relevo en la propia
presidencia de la Junta
andaluza. Otros que se empecinan igualmente en negar la mayor.
Si en el verano
Gibraltar le ha venido que ni pintado al PP para distraer la atención del caso
Bárcenas, la consigna del nuevo curso es la de proclamar el fin de la recesión
y con él la salida de la crisis. Lógicamente no se ha oido en boca de ningún
gobernante ni cargo del PP la expresión “brotes verdes”, aquel espejismo socialista de
infausto recuerdo. Pero las palabras empleadas no solo son sinónimas de eso
mismo, sino que llegan mucho más lejos, lanzando las campanas al vuelo como si la crisis fuera algo ya superado. El inefable Cristóbal Montoro hablaba la pasada
semana del “milagro económico español", sin duda convencido de que la
concesión de la Olimpiada a Madrid iba a ser el espaldarazo definitivo al
prodigio conseguido por el PP. Si el COI no hubiera vuelto a sernos esquivo,
no quiero pensar la ola de triunfalismo que nos estaría cayendo encima.
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| Herrrera y Sáez, el consejero de Sanidad |
Y, como no podía ser menos, el que se ha
apuntado rápidamente al mantra del final de la crisis ha sido Juan Vicente Herrera,
feliz como una perdiz de que en el segundo
trimestre del año la economía de Castilla y León haya presentado
encefalograma plano. Lo cual además es harto engañoso, ya que se ha
debido exclusivamente al buen resultado de la cosecha agraria, en tanto
que el
resto de los sectores (industria, construcción, servicios, etc.) han
seguido
registrando índices negativos.
Si
estamos saliendo de la crisis y la Junta pronostica que en 2014
el PIB regional crecerá en un 0,7 por ciento, se supone que, tras cuatro
años
consecutivos de contracción, el Presupuesto de la Comunidad del próximo
año tendría que ser mayor que el de 2013. Y sin embargo, el techo de
gasto
aprobado es inferior en 112 millones de euros, lo cual hace temer que
nos esperan nuevos recortes presupuestarios. Mientras tanto, los
estragos causados por los tijeretazos metidos
al gasto social en los tres ejercicios anteriores (un total de 758
millones detraidos a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia) a
la vista están. Basta poner como ejemplos como se ha disparado en el
último año (de 52 a
97 días) el tiempo medio de espera para las operaciones quirúrgicas en
el SACYL
o el astronómico incremento de las tasas universitarias, que llega al
extremo
de que matricularse en Derecho o Medicina sea en Castilla y León el
doble de
caro que en Galicia.
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| Dibujo de "El Clavo" en "El Día de Valladolid" |
Por lo demás, el hecho de que el PP de
Castilla y León apenas se haya visto salpicado por el caso Bárcenas no quiere
decir que en esta comunidad el partido esté exento del problema de la
corrupción. Aunque hay cargos y funcionarios de la Junta implicados en más de
media docena de procedimientos judiciales, en el colegio de la Asunción preocupan especialmente
tres casos. Uno de ellos es la inminente sentencia sobre el “caso Arroyo” en lo que se refiere a la posible condena de Jesús
García Galván, imputado y juzgado por actuaciones llevadas a cabo en su
condición de delegado territorial de la Junta nombrado por un gobierno presidido Juan
Vicente Herrera. Y otro, la deriva del caso de la manipulación fraudulenta del
Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, en el que la fiscalía acaba de solicitar la
imputación del alcalde, Javier León de la Riva, cuya dimisión ha sido solicitada esta mañana por PSOE e IU en el pleno municipal solicitado al
efecto por la oposición.
El
horizonte penal de León de la
Riva comienza a complicarse y no solamente en el caso del
Plan General. ¿Se habló de ello en la reunión “secreta” mantenida por De la Riva
y Herrera el pasado 29 de agosto en el despacho oficial del segundo? Dejo ahí
la pregunta.
http://www.elblogdepedrovicente.blogspot.com.es/
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