Manuel García Cob candidato de EQUO al Senado por la provincia de Segovia, ha presentado hoy una demanda el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Segovia contra el Ayuntamiento de Ayllón por ejercer censura previa sobre los ciudadanos y no permitir a estos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
12/7/2013. Después de varios intentos infructuosos, de los vecinos de Ayllón para poder grabar los plenos públicos que se realizan en el Ayuntamiento de dicha localidad, el Consistorio Ayllonés, para evitar este tipo de acciones, ha acordado en pleno municipal ”No permitir las grabaciones a nadie que no pueda acreditar que trabaja para un medio de comunicación”.
En el escrito de la demanda, explica Manuel García que se está vulnerando el artículo 20 de la Constitución española, donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
En la demanda se solicita la medida cautelarísima de suspensión de la ejecución del acto recurrido porque se trata de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Manuel García manifiesta que los Ayuntamientos que impiden grabar plenos a sus vecinos, son poco trasparentes porque suelen estar salpicados en un alto grado de corrupción, tal y como se viene observando a través de la prensa, Tv y otros medios de comunicación.
Manuel García, pide a todos los ciudadanos que no se dejen avasallar por los Ayuntamientos caciquístas que prohíben las grabaciones en los plenos públicos y les invita a que presenten demandas Contencioso-administrativas o penales para pedir la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años tal como señala el Artículo 542 del Código penal para el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.





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