Después
de siete años de instrucción, este martes comienza en la Audiencia
Provincial de Valladolid el juicio oral por el llamado “caso Arroyo”, la
trama de presunta corrupción urbanística urdida en el municipio
vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.
Hay
quien pensará que menos es nada -de hecho, tras su archivo inicial, la
causa judicial ha salido adelante gracias al empeño de una asociación
ciudadana-, pero a “El topillo” se le antoja muy reducido el
número de ocupantes del banquillo. Solo dos políticos (el actual alcalde
y un ex delegado territorial de la Junta), un ex arquitecto municipal y
tres personas relacionadas con la empresa más beneficiada por las
recalificaciones urbanísticas. En total seis imputados de una trama
muchísimo mas amplia.
Sorprende por ejemplo que el alcalde, José Manuel Méndez, acusado de delitos de cohecho, prevaricación y malversación, sea el único edíl sometido a juicio, sin que ninguno de los concejales de su antiguo equipo de gobierno le acompañen en este penoso trance. Recuerdo cuando se descubrió que uno de ellos, asalariado de una empresa, había atesorado un patrimonio de varias viviendas -a las que por cierto sumó otra de protección oficial- además de pegarse viajes de placer por medio mundo.
Como pienso que Jesús García Galván, quién acaba de dimitir como concejal y diputado provincial, debería estar acompañado por otros ilustres miembros del antiguo “clan” imperante hasta no hace mucho en el PP vallisoletano. Parentela aparte, “El topillo” echa en falta como mínimo a otros cuatro compañeros de partido vinculados estrechamente a la trama, tres de ellos ya retirados de cualquier cargo público y otro todavía en activo.
Pero, en fin, esto es lo que hay. Y el ciudadano todavía puede darse con un canto en los dientes, ya que, de no ser por la acusación popular ejercida por la asociación Arroyo Siglo XXI, la trama completa se hubiera ido de rositas. Si es que al final no se va, que esa sería otra.


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