El expolio de las Cajas(XV): ¿Piano, piano, si va lontano?

Al tiempo que se consuma la liquidación de Caja España-Caja Duero, cuyo Consejo de Administración ha quedado disuelto sin haber cumplido el encargo póstumo de constituir la fundación encargada de administrar la obra social (lo poco que queda de ella), la Justicia tramita a ritmo exasperantemente lento las denuncias sobre presuntas actuaciones delictivas en esas y en otras de las antiguas Cajas de Castilla y León.

Emilio Fernández, fiscal jefe de León

 Un mes después de que el fiscal jefe de León  solicitara del juez decano la apertura de diligencias contra el antiguo Consejo de Administración de Caja España y la antigua Comisión Ejecutiva de Caja Duero por presuntos delitos de “administración desleal”, hemos sabido que el encargo ha recaido en el Juzgado de Instrucción nº 5 de los de la capital leonesa. En declaraciones realizadas el pasado fin de semana a la cadena Ser, el fiscal-jefe, Emilio Fernández, se ratificaba en la apreciación de dichos indicios delictivos y desvelaba la insuficiente colaboración encontrada en el Banco de España para esclarecerlos, singularmente en lo que se refiere al aluvión de créditos y avales concedidos a Santos Llamas, el empresario que en 2006 accedió a la presidencia de Caja España con el apoyo conjunto de PP, PSOE, UGT y UPL.

 El Juzgado de Instrucción nº 5 deberá abrir ahora sus propias diligencias, en las que lógicamente se personará como acusación particular IU, cuya denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presentada en noviembre de 2011, ha dado lugar a la investigación judicial en curso. En dicha denuncia se referían asimismo, entre otros hechos, los cuantiosos créditos y avales (mas de 50 millones de euros) obtenidos por Francisco Rubio Garcés, el antiguo consejero de Caja Duero y presidente del Club Deportivo Numancia.

En primer término, LLamas; al fondo, Del Canto

Mientras tanto, tras no haber conseguido el quórum necesario en el primer intento, el Consejo de Administración de Caja España-Caja Duero, ha dejado pasar el plazo establecido (30 de junio) y ha quedado disuelto sin haber aprobado los Estatutos de la Fundación encargada de la Obra Social y designar a sus administradores. Después de haber contribuido por activa y por pasiva a hundir a ambas Cajas, ni siquiera han sido capaces de organizar su funeral. Patético final de dicho Consejo -que no olvidemos que presidía Evaristo del Canto, presidente del banco CEISS- y nueva prueba de la desidia y dejadez de la consejería de Economía, que, por no haber obligado a la extinta Caja a hacer los deberes, tendrá que nombrar ahora una comisión gestora provisional que se haga cargo de la maltrecha Obra Social.

El turno de Caja Burgos.- Resultaba ciertamente extraño que hasta la fecha nadie hubiera denunciado en ninguna parte presuntas actuaciones delictivas en Caja Burgos, cuyo antiguo presidente, José María Arribas, había sido otro empresario generosamente financiado a través de créditos concedidos por la entidad.

Representantes de UPyD denunciantes de Caja Burgos

Esa omisión se ha ocupado de subsanarla Unión, Progreso y Democracia (UPyD), partido ya con amplia experiencia en denunciar pufos en las Cajas, promotor de la querella que mantiene imputado a los anteriores consejos de Administración de Bankia y su banco matriz (BFA) y denunciante del saqueo de Caja Segovia. UPyD ha denunciado ahora al antiguo Consejo de Administración de Caja Burgos asimismo por un presunto delito de “administración desleal” basado en los créditos concedidos a las empresas vinculadas a Arrribas.

Según refiere con todo detalle la denuncia, entre los años 2005 y 2010 dichas empresas se beneficiaron de 45 operaciones de crédito por un montante total de 34,2 millones de euros. Aparte de señalar el elevado riesgo de dicha concentración de crédito -riesgo confirmado por la posterior entrada en concurso del grupo empresarial- UPyD cifra en 1,3 millones de euros la ventaja obtenida por las condiciones preferenciales concedidas al ex presidente en relacion con los precios de de mercado.

José María Arribas y Ángel Ibañez

La denuncia de UPyD contiene otra sorpresa, cual es la revelación de que el propio Arrribas y otros dos consejeros de Caja Burgos percibieron en el año 2011 unas retribuciones no conformes a la normativa establecida, que no contempla otras percepciones que las correspondientes a dietas por asistencia y gastos de desplazamiento. Junto al entonces presidente, que percibió de manera presuntamente irregular 61.305 euros, los receptores de esa remuneración extra fueron los dos vicepresidentes: Ángel Ibáñez (24.286 euros) y  Emilio Jordán (26.922). Mientras este último es un abogado que representataba a los impositores, Ibáñez es el actual vicealcalde (entonces primer teniente de alcalde) del Ayuntamiento de Burgos, del que entonces y ahora percibe sueldo por dedicación exclusiva.

 Además del vicealcalde de la capital, entre los 17 miembros del antiguo Consejo de Administración de Caja Burgos figuran el procurador del PP y actual vicepresidente primero de las Cortes, Fernando Rodríguez Porres, y el portavoz socialista en el ayuntamiento burgalés, Luis Escribano. Todo esto mientras Arribas se mantiene, apoyado por Caixa Bank -que absorbió a Banca Civica y por ende a la antigua Caja Burgos-  como presidente de “Eficanza”, la sociedad concesionaria del nuevo Hospital de Burgos, que percibe de la Junta de Castilla y León un canon anual de 71 millones de euros.  (Continuará)

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