Los trabajadores de la Administración de Justicia no descartan hacer huelga indefinida contra su privatización

En la línea privatizadora emprendida por el PP de otros servicios públicos como la enseñanza y la sanidad,  sectores claves, junto con la justicia,  del estado del bienestar, el Ministro Gallardón ha decidido atajar los retrasos y el mal funcionamiento de la administración de justicia impidiendo a los ciudadanos que accedan a la tutela judicial en condiciones de igualdad, de gratuidad y de universalidad.

Primero fueron las tasas judiciales, que han provocado una disminución del 20% de asuntos civiles y contencioso-administrativos en los Juzgados y Tribunales, pasando de 278.943 asuntos registrados en el primer trimestre del año 2012 a 223.464 registrados en el mismo periodo de este año . En un solo trimestre alrededor de 55.000 ciudadanos han sido disuadidos por el Ministro Gallardón y han dejado de acudir a los tribunales de justicia, en la mayoría de los casos por no poder hacer frente a las tasas.


Seguidamente el Ministro ha anunciado la privatización de los Registros Civiles y de los Actos de Comunicación y Ejecución para entregar, en el primer caso,  sus funciones a los Notarios y Registradores de la Propiedad y, en el segundo a los Procuradores (profesionales privados) que además les atribuye la condición de agentes de la autoridad. Estos servicios públicos que hasta ahora eran gratuitos y desempeñados por personal funcionario de la Administración de Justicia,  tendrán que ser  costeados por el bolsillo del ciudadano.


Además la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Planta Judicial, eliminará los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, obligando a los ciudadanos residentes fuera de las capitales de provincia a trasladarse decenas de kilómetros, para efectuar sus gestiones ante los Juzgados.


Toda estas reformas, junto con las recientemente anunciadas de modificación de las Leyes de Jurisdicción Contencioso-administrativa (que prevé resoluciones extrajudiciales de conflictos) y de la Jurisdicción Voluntaria que traspasa competencias hasta ahora judiciales a los Notarios, no pretenden otra cosa que el desmantelamiento injustificado del servicio público de la admón. de justicia y favorecer el desaforado afán privatizador de los servicios públicos del Gobierno favoreciendo a los nuevos gestores privados y castigando otra vez el bolsillo de la ciudadanía.


Para CCOO, las medidas de Gallardón ocultan además la realización por parte del ministerio de Justicia de un plan de reordenación de recursos humanos que puede provocar el despido masivo de personal interino (unos 12000 en la actualidad), y la movilidad geográfica forzosa de miles de funcionarios que trabajan en los registros civiles, en las sedes de los partidos judiciales y juzgados de paz que se pretenden suprimir o en los centros que han disminuido su volumen de trabajo por culpa de la ley de tasas y del resto de recortes propuestos.