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En el
ecuador de la legislatura de los recortes y dos semanas antes del debate sobre
el estado de la comunidad, la
Junta ha vivido seguramente su semana mas horribilis en los
doce años largos que llevamos de “herrerato". "El topillo" ”se hacía eco el
otro día de algunas de las contrariedades sufridas por Juan Vicente Herrera y los suyos (los
recortes aplicados por RENFE, la polémica con el ministerio de Agricultura, el
nuevo paso hacia el cierre de la central nuclear de Garoña y la sonora dimisión
de la directora del MUSAC). Pero el recuento no era ni mucho menos exhaustivo y
con su permiso me voy permitir completarlo con algunas otras cuestiones de no
menor calado.
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| Juan José Mateos y Juan Vicente Herrera |
Para empezar, el presidente de la Junta se desayunaba el lunes
con unas
declaraciones del consejero de Educación al diario “Abc”, en las que Juan José Mateos venía a reconocer
negro sobre blanco que los recortes aplicados han colocado al sistema educativo
al borde del límite. A diferencia de su colega de Sanidad, Antonio Sáez, que sigue negando los recortes sin pestañear, Mateos
admite que la drástica reducción presupuestaria sufrida por su consejería -de
2.224 millones en 2010 a
1802 en 2013- ha comportado grandes sacrificios. “Tengo el
convencimiento de que hemos perdido mucho”, ha dicho literalmente, al tiempo
que señala como decisión mas dolorosa la de haber tenido que prescindir de unos
700 profesores. “Me ha costado -añade- porque son necesarios”. Declaraciones a
mitad de Legislatura propias de un consejero que se considera a sí mismo tan
políticamente amortizado que se autodescarta para continuar en el cargo tras
las próximas elecciones.
Así empezaba una semana que iba a tener su
punto culminante con el insólito enfrentamiento público entre la consejería de
Agricultura y el ministerio del ramo –Silvia Clemente vs. Arias Cañete- sobre
los fondos estatales asignados a Castilla y León para financiar el Programa de Desarrollo
Rural. Con Arias Cañete ya había
tenido la Junta
sus diferencias en asuntos como el nombramiento del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero o la regulación del ibérico, pero los
roces no habían llegado a la categoría de encontronazos reservada a sus colegas
Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. A partir de ahora
comparte con éstos el podium de las bestias negras ministeriales de la Junta.
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| Silvia Clemente y Miguel Arias Cañete |
A tal extremo ha llegado a fricción con Arias
Cañete que el presidente de la
Junta se ha visto impelido a solicitar el “arbitraje” de la “todovicepresidenta”
Soraya Sáenz de Santamaría, con la que no se tenía noticia de que hubiera vuelto a
hablar desde que ambos compartieron tribuna de oradores en el congreso del PP de
Castilla y León celebrado hace más de un año en Ávila. (Ya he contado en alguna
ocasión que, desde que ocupa la vicepresidencia del gobierno, la relación entre
Sáenz de Santamaría y Herrera ha sido fría y distante).
Otra contrariedad -y nada baladí- sufrida la
pasada semana por la Junta
era el informe del Consejo de Cuentas que eleva nada menos que en 502,8
millones de euros el déficit presupuestario de la comunidad correspondiente al
ejercicio de 2010. Aunque la consejería de Hacienda achaca la diferencia a una
cuestión de metodología contable, en realidad se trata de “déficit oculto”
correspondiente a facturas -principalmente del SACYL- mantenidas en el limbo
presupuestario, una practica que el órgano fiscalizador viene detectando en la Junta
año tras año desde 2007.
Justo
cuando está sobre la mesa la polémica revisión del techo de déficit de las
comunidades autónomas, el informe del Consejo de Cuentas pone en entredicho la
contabilidad real de la Junta,
algo que no habrá sorprendido al ministerio de Hacienda, que con ocasión del plan
de pago a proveedores de 2012, pilló a la consejería en el renuncio de haber
ocultado 138 millones de déficit.
Y si la
consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
sufría ese revés, su padrino político, el consejero de la Presidencia, no ha
salido precisamente muy bien parado en
la última semana. Su obsesión por sacar adelante contra viento y marea la
infumable Ley de Servicios y Ordenación del Territorio ha recibido un torpedo
en toda la línea de flotación. |
| Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez |
Mientras venía desplegando todas las armas a su
alcance para evitar como fuera que el PSOE presente una enmienda a la totalidad
de la Ley, se ha
encontrado con otra enmienda a la totalidad fuera del Parlamento, la que supone
la posición conjunta de los dos sindicatos mayoritarios y de dos de las tres
organizaciones agrarias de la comunidad. UGT, CC.OO, la Alianza UPA-COAG y UCCL han
manifestado su abierta discrepancia con el Proyecto de Ley en tramitación
parlamentaria, exigiendo la reapertura del diálogo si es que se pretende contar
con el respaldo de dichas organizaciones.
Ello
significa que, a estas alturas de la película, la “ordenación territorial” de la Junta no solo no cuenta con
consenso político, sino que tampoco cuenta con consenso social. Y las
discrepancias de dichas organizaciones son de de tanto calado como la de
reivindicar el reconocimiento de las comarcas naturales y oponerse a la
potenciación de las Diputaciones provinciales, esta última una de las piedras
angulares del Proyecto de la
Junta.
José
Antonio de Santiago-Juárez, a quién los dos alcaldes del Condado de Treviño
expresaron el viernes personalmente su deseo de segregarse del territorio de Castilla
y León, ha vivido una semana especialmente aciaga. La mano que mueve el diván
presidencial ha tenido además ocasión de comprobar que la prepotencia acaba
jugando malas pasadas y que el blindaje que le proporciona el uso discrecional
de la chequera mediática no le garantiza la inmunidad absoluta que él creía. Veremos
si su ego soporta tan severa cura de humildad.
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