Diez meses y un día para recibír a los representantes de 8.702 empleados públicos

Como si de una condena se tratara, han tenido que pasar 10 meses y un día para que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar del Olmo, accediera a reunirse con una representación de los 8.702 firmantes de la carta promovida por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). El esperado encuentro se produjo finalmente durante la tarde de ayer y se prolongó por espacio de casi tres horas.

Durante ese tiempo Del Olmo escuchó “en directo” las principales reivindicaciones de dicha plataforma, cuyo caballo de batalla es la eliminación de llamada Administración B, esto es, el tinglado de sociedades, entes, institutos, fundaciones y demás inventos que constituyen el “sector público” de la comunidad autónoma. Aunque el ministerio de Hacienda ha obligado a las comunidades autónomas a reducir este tipo de organismos, la reestructuración llevada a cabo en Castilla y León se ha centrado más en fusionarlos entre sí que en suprimirlos. En el mejor de los casos, de cumplirse el acuerdo suscrito en su día entre la Junta y el PSOE, el gasto corriente y de personal que representan se reducirá en un 50 por ciento.

Poner coto al abuso de las libres designaciones en la Administración Autonómica y a la politización de la función pública que conllevan, es otra de las exigencias de PLADEPU, que ayer obtuvo el compromiso de la consejera de constituir un grupo de trabajo que analice esa y otras demandas.

El portavoz de la plataforma, Quinidio Martinez, reveló que Del Olmo reconoció en la reunión que la Junta presenta en este momento un desfase presupuestario de 407 millones de euros a cubrir mediante financiación externa. Razón de más, piensa “El topillo”, para terminar con el lastre de esa onerosa Administración paralela, que tanto despilfarro y enchufismo ha anidado.

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