Contra los intentos de privatizar los registros civiles

La decisión del Gobierno de entregar los registros civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, ni siquiera ha obtenido la aprobación de la mayoría de éstos. Porque en su Asamblea, celebrada en Zaragoza la semana pasada, han rechazado por mayoría esa privatización y han reclamado a Gallardón que cualquier decisión cuente con el mayor consenso social.

Y en su Asamblea, los registradores aprobaron que, en el caso de que el Gobierno mantuviera su intención de entregarles la gestión de los Registros Civiles, deberían recibir financiación suficiente vinculada a la prestación de los registros civiles.

Esta decisión de los registradores pone de manifiesto la tremenda soledad de Gallardón y del Gobierno, también en este asunto, que no cuenta con ningún apoyo social para poner en marcha este nuevo ataque a la ciudadanía en la línea de eliminar los servicios públicos universales y gratuitos.

Porque la privatización de los registros civiles tendría consecuencias gravísimas para la ciudadanía y  supondría:

    Que los usuarios deberán pagar por este servicio público universal doblemente a través de sus impuestos y directamente. Pagar por los certificados, expedientes…, por el ejercicio de los derechos fundamentales (matrimonio, nacionalidad, derecho al nombre como parte del derecho a la personalidad…) y, en muchos casos, pagará dos veces, al notario y al registrador de turno. Y se pagará por el acceso a los propios datos personales o los de la familia (certificados…).

    Que se entregará a la gestión privada (porque el personal dependiente de los registradores no son empleados públicos por lo que se rige por las normas del Estatuto de los Trabajadores) decenas de datos íntimos de millones de personas, vulnerando su derecho a la privacidad.

    La supresión de más de 3.500 puestos de trabajo de la Administración de Justicia, personal que ha venido desempeñando con la máxima profesionalidad, especialización y dedicación las tareas del registro civil, y solo la actitud cicatera de los máximos responsables del Ministerio de Justicia, que no ha invertido durante años en medios ni materiales ni personales, ha producido deficiencias en el mismo.