![[Img #18540]](upload/img/periodico/img_18540.png)
Resulta
bien conocido que una de las lacras que ha llevado al Estado de las Autonomías
a su insostenible situación financiera ha sido la proliferación de empresas,
fundaciones, entes, institutos y demás chiringuitos integrantes de un llamado
“sector público” que fué creciendo sin control, contribuyendo no poco al
déficit y a la deuda de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de
la gestión administrativa, la mayor parte de ese entramado no ha respondido
nunca a ninguna necesidad objetiva. No tenía otro objetivo que eludir los
controles presupuestarios y jurídicos de la Administración
ordinaria a fín de poder contratar obras, servicios y personal de forma
absolutamente discrecional, con el consiguiente despilfarro y enchufismo
(cuando no directamente nepotismo).
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| Sede de la ADE en Arrroyo (Valladolid) |
Los planes
de estabilidad presupuestaria exigidos por el ministerio de Hacienda a las comunidades
autónomas, así como el plan de pago a proveedores, han conllevado la obligación
de reducir esa “Administración B”, como la denomina con toda propiedad la Plataforma en Defensa
de lo Público (PLADEPU).
Y la
Junta tuvo la habilidad de incorporar esa obligación al
famoso “Pacto de la Coronita”
suscrito el pasado 10 de octubre con el PSOE, convirtiendo así a los socialistas
en corresponsables de ese proceso. Pero por mucho que en ese acuerdo se hablaba
de constituir un grupo de trabajo común que determinase las decisiones a tomar
sobre la base de un informe financiero y de gestión, a la hora de la verdad el
gobierno Herrera solo ha negociado consigo mismo la forma de meter la tijera.
Buena prueba de ello fue la disconformidad pública del PSOE con alguna de las
decisiones, por ejemplo el cierre de “La Casona del Pinar”.
A falta de evaluar el resultado final de la
reestructuración -el pacto contemplaba reducir su gasto corriente y
de personal en un 50 por ciento- lo cierto es que el grueso de esa
“Administración B” en buena medida va a sobrevivir. Y con ella la duplicidad de
gasto que conlleva en beneficio del sector privado. “La duplicidad es un mal gasto que raya con las figuras penales de la
prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, etc.”, opinaba el pasado
lunes el portavoz de PLADEPU, Quinidio Martinez, dentro de un detallado informe publicado en “Diario de León”.
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| Concentración de funcionarios de la Junta en León |
más de un centenar de variopintos organismos compartidos con otras administraciones y/o con el sector privado. Y que las llamadas empresas “garrapatas” -las que utilizan los medios de la Administración para realizar los trabajos adjudicados externamente- siguen campando por sus respetos, ocupando despachos y dependencias de la Junta.
“Diario de León” menciona además algún ejemplo
del gasto absolutamente superfluo que a estas alturas de los recortes sociales sigue soportando
el Presupuesto de la Comunidad. Es
el caso del llamado "Portal de la Meteorología de Castilla y León" integrado en la web oficial de la
Junta, que ofrece, como no puede ser de otra forma, la
información suministrada por la agencia estatal AEMET, a la que pertenece el
Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. Un servicio duplicado que
le cuesta a la Junta
20.828 euros anuales facturados por la empresa madrileña adjudicataria del
contrato.
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| Los restos de la pasarela de Benavente |
¿Por qué se encarga fuera un trabajo que puede hacer personal de la Junta? Surge la razonable duda de si ello guarda relación con el hecho de que el presidente de la empresa privada a la que la sociedad pública Somacyl adjudicó la instalación de la pasarela resulte ser hermano del director de la Fundación Patrimonio Natural, heredada asimismo de la antigua Consejería de Medio Ambiente. Precisamente, como consecuencia de la reestructuración del “sector público”, Somacyl, dicha Fundación y Provilsa se han fusionado en una única sociedad denominada "Infraestructuras y Servicios de Castilla y León S.A.".
¿Y qué decir de que mientras no cesan los recortes en la
Sanidad, el SACYL sigue destinando 650.000 euros a pagar a los
43 capellanes que tiene en nómina en los 16 hospitales públicos de la
comunidad? Mejor no respondo, no vaya a condenarme...
http://www.elblogdepedrovicente.blogspot.com.es/
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