A finales de enero, al aflorar a la luz los diversos sobresueldos que, en mayor o menor medida, se estaban embolsando los 84 procuradores de las Cortes de Castilla y León, se decidió dejar en suspenso uno de los estipendios más escandalosos: la cantidad fija para presuntos “gastos de locomoción y transporte” con la que los cinco miembros de la Mesa de la Cámara, los tres portavoces y otros seis procuradores -todos ellos con dedicación exclusiva- redondeaban mensualmente sus sueldos oficiales.
Para los miembros de la Mesa y los tres portavoces dicha cantidad era de 1.800 euros mensuales, en tanto que la cuantía asignada al resto de los prebendados (portavoces adjuntos y secretarios de los grupos) era de 1.440 euros. Un sobresueldo camuflado a sumar al salario oficial de 71.886 euros anuales que perciben todos ellos, a excepción de la presidenta, cuya nómina es de 68.982. Y todo esto a pesar de que los cinco miembros de la Mesa disponen de coche oficial y de que al menos otros tres de los perceptores residen en Valladolid.
Pues bien, según ha informado el pasado fín de semana la Cadena SER, dichos sobresueldos han vuelto a ser abonados a finales de marzo a los 14 procuradores (6 del PP, 6 del PSOE, el de IU y el de la UPL), quienes además han percibido como atraso la mensualidad correspondiente al mes de febrero.
Para mayor escarnio de los contribuyentes, según ha sabido “El topillo” dicha prebenda no forma parte de los ingresos dinerarios declarados por dichos procuradores a Hacienda, ya que no figura como tal en los certificados de abonos y retenciones facilitados por las propias Cortes. O sea, que tan infumable sinecura está exenta fiscalmente. Como diría José Mota, algunos tienen menos vergüenza que un gato en una matanza.


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