![[Img #18381]](upload/img/periodico/img_18381.png)
Entre los ecos derivados de la marcha atrás sobre
la supresión de la ESO
rural y la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de esa especie de “parto de los
montes” denominada Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio, ha quedado en un segundo plano la reforma legislativa que socava la
independencia y autonomía de las instituciones de consulta, participación y
fiscalización de la comunidad autónoma. La Ley que reforma el funcionamiento de los Consejos
Económico y Social, Consultivo, de Cuentas y el Procurador del Común seguirá su
tramitación parlamentaria, una vez que el Pleno de las Cortes ha rechazado la
enmienda de totalidad presentada por el grupo mixto a instancias del único procurador de IU.
En ausencia de una oposición solvente, ambos
Consejos y, en su caso los Tribunales de Justicia, han sido los únicos
contrapesos reales a los que se ha enfrentado la Junta. Los informes de
fiscalización del Consejo de Cuentas han dejado en infinidad de ocasiones con
las vergüenzas al aire a la
Junta, especialmente a la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien nunca ha
disimulado los sarpullidos originados por ese control. La jubilación del
anterior presidente del Consejo, Pedro
Martín, un técnico de probada independencia y rectitud, supuso todo un
alivio para Del Olmo y sus ingenios y artificios contables. En su lugar, sin cortarse
un pelo, el PP promovió como nuevo presidente a Jesús Encabo, justo el procurador popular que se ocupaba de
rebatir en las Cortes los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas..
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| José Luis Díez Hoces |
Faltaba
cobrarse la otra cabeza a la que la mano que mece el diván presidencial había
puesto precio: José Luis Díez Hoces,
el presidente del Consejo Económico y Social. Desde el sentido patrimonial que
tiene de las instituciones, la
Junta no podía tolerar la osadía de que el CES discrepara y cuestionara de su
política social y económica. Para el faro joseantoniano de la Junta (ni pintado lo de calificar de “revolución
pendiente” el engendro de la ordenación del territorio) eso era una insolencia
que no se podía consentir por mas tiempo.
Y a tal
extremo ha llegado la obsesión por desalojar a Díez-Hoces que el Proyecto de
Ley perpetrado por la
Consejería de Presidencia ha introducido una limitación de
mandatos con efectos retroactivos con el único y expreso de fin de impedir la
reelección del actual presidente del CES.
Como bien ha señalado el procurador de IU, José María González, dicha reforma
atenta contra la independencia y autonomía de dichas instituciones,
desnaturaliza las funciones de control, fiscalización y participación que han
cumplido y supone en definitiva una clara involución democrática. Legislativamente,
el proyecto es además bastante chapucero. “¿Respeta
el articulado de la norma este equilibrio entre la eficiencia y la autonomía de
las instituciones?”, se pregunta en
su dictamen el Consejo Consultivo. Y a continuación se responde: “Este dictamen se pronuncia en sentido
negativo en relación con no pocos aspectos (…) y el punto de partida todavía
mas discutible es regular las cuatro instituciones en una sola norma y del modo
en que se hace”. Sobran comentarios.
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| Juan Vicente Herrera y Julio Villarrubia |
Se preguntará el lector como es posible que el
PSOE no se haya opuesto frontalmente a una torticera Ley que no tiene otro objetivo que
reforzar todavía más el poder de la Junta.
La excusa es que, al figurar dicha reforma en el infame
pacto firmado el pasado 10 de octubre entre Julio Villarrubia y Juan Vicente Herrera, oponerse a ella seria desautorizar
a su secretario autonómico. Basándose en ese peculiar argumento los socialistas han tragado
con tan indigesto Proyecto de Ley, con la humillación añadida de que el PP se
ha permitido presentar una enmienda parcial contraria a uno de los pocos
aspectos positivos contemplados en ese pacto, cual era que dos de los seis
expertos del CES que hasta ahora designaba la Junta pasen a ser elegidos por las Cortes (se
supone que uno a propuesta de cada grupo mayoritario).
Este
retroceso democrático en el entramado
institucional de la comunidad ha coincidido con la noticia de que
este año no habrá Manifiesto conjunto de las fuerzas políticas y
sociales
convocando a la concentración de Villalar de los Comuneros. Ante la
imposibilidad
de consensuar con el PP un texto reivindicativo, se renuncia al
Manifiesto que
daba contenido político a la cita del 23 de abríl. El PP consigue así el
objetivo que se
propuso desde que se incorporó al colectivo convocante: Neutralizar la
fuerza
reivindicativa de Villalar y convertir la celebración en una romería
festiva. El reciente derrumbe parcial sufrido por el edificio que hace
años que espera ser sede de la Fundación Villalar
supone toda una alegoría del derrumbe político que se cierne sobre el
proyecto
común de esta Autonomía.
http://www.elblogdepedrovicente.blogspot.com.es/
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