La impostura de los neonecios

Cuando parecía que el gobierno de Juan Vicente Herrera se había tomado una tregua en la escalada de recortes sociales, en plenas vacaciones de Semana Santa el estridente sonido de la motosierra de la Junta ha vuelto a sobresaltar a la comunidad escolar. El medio rural vuelve a ser la víctima propiciatoria. Y mientras la Consejería de Sanidad se niega a reponer las guardias médicas nocturnas restablecidas en Castilla-La Mancha, ahora son 70 los municipios afectados por la decisión de suprimir a partir del próximo curso el primer ciclo de la ESO para impartir dicha enseñanza exclusivamente en los Institutos de Educación Secundaria.

Manifestación en Riaño (León) en defensa de la ESO rural

 La austeridad mal entendida sigue produciendo estragos. Si se trata de ahorrar, teniendo en cuenta el coste añadido del transporte, no parece que la cifra vaya a ser muy significativa dentro de una Consejería que dispone este año de 1.802 millones de Presupuesto. Y si el argumento es el de mejorar la calidad de la enseñanza, el posible beneficio no compensa ni de lejos el desgaste físico y mental de los alumnos, forzados a realizar decenas de kilómetros diarios de autobús por esas carreteras secundarias. No hablemos ya de los quebrantos familiares que ello acarrea.

Los consejeros de Educación, Familia y Sanidad

La oferta de alcanzar un pacto de comunidad para “blindar” los servicios públicos esenciales fue un compromiso adquirido por Juan Vicente Herrera en el discurso de investidura pronunciado en las Cortes en junio de 2011. Un compromiso flagrantemente incumplido. Todo lo que se hizo fué encargar al ex consejero de Sanidad y de Familia, César Antón, un documento que sirviera de propuesta. Y en ello se supone que andaba Antón cuando la recién nombrada ministra Ana Mato le ofreció la dirección del IMSERSO y el ex consejero no dudó hacer mutis por el foro. Desde entonces nada volvió a saberse de aquel compromiso presidencial.

 Hasta que ahora lo vuelve a desempolvar la Junta como si durante el tiempo transcurrido nada hubiera cambiado. Como si la Educación, la Sanidad, la Dependencia y los Servicios Sociales que se prestan en 2013 fueran los mismos que se prestaban en 2011. Obviando los 758 millones de euros de gasto social que se han esfumado desde entonces. Los recortes comenzaron en Presupuesto del mismo año 2011, con una reducción de 183 millones, en sus dos terceras partes (123) localizada en la Consejería de Educación. En 2012 el recorte social se elevó a 232 millones, nuevamente con la Educación como la principal sacrificada (149 millones). Y en 2013 el gasto social cae en 343 millones, siendo esta vez la Consejería de Sanidad la que registra la mayor merma (184), si bien la de Educación no afloja el ritmo (150).

Manifestación en Ayllón (Segovia)

Y en estas viene el inefable De Santiago-Juárez abogando por “olvidar lo inmediato” y abordar un pacto sobre el futuro de los servicios públicos pensando más en 2025 que en 2015. “Lo inmediato” son esos 758 millones de euros que se han quedado en el camino.

 De esos recortes no habrán oído ni una sola palabra en esos foros sobre los servicios públicos organizados por la propia Consejería de Presidencia dentro de su acostumbrada impostura de aparentar debate público y participación ciudadana sobre políticas preconcebidas que el gobierno Herrera impone aplicando el rodillo de su mayoría absoluta de forma implacable. Foros en lo que todavía hay quien se lamenta de que en la actual situación económica “se fomente el populismo, la demagogia y la confusión”, como dijo el sociólogo Cayo Sastre, superviviente del servicial Banco de Pensadores. No lo sabe usted bien, don Cayo.


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