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El director general de Carreteras, el incombustible Luis Alberto Solís,
vuelve a tener cita ante el Juzgado. Ahora ha sido llamado a declarar
en condición de imputado por el Juez de Valladolid que investiga el
presunto amaño del contrato adjudicado en su día para la dirección
facultativa de la variante de Guardo (Palencia).
El caso guarda relación con aquel aparatoso episodio acaecido el 21 de
junio de 2012, fecha en la que agentes de la Unión de Delitos Económicos
y Financieros, se personaron en la sede de la Consejería de Fomento,
registrando el despacho de una funcionaria, la ingeniero de Caminos Beatriz González González. Como consecuencia de las posteriores diligencias judiciales, la citada funcionaria, así como el Jefe de Servicio de Carreteras, Jesús Martín Almeida,
resultaron imputados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de
información y prevaricación. De hecho, la primera declaró en el Juzgado
el pasado 30 de enero y el segundo lo hizo el pasado 5 de febrero.
El
juez ha vuelto a citar a ambos para que amplien su declaración el
próximo 24 de abril, fecha en la que también ha citado, igualmente como
imputado, al director general de Carreteras. No es la primera vez que
Solís y sus subordinados Almeida y González se encuentran en este
trance. Los tres y otros ocho funcionarios más de la Consejería de
Fomento estuvieron imputados en el caso de la variante de Olleros de
Alba, aquella pieza separada del caso Gürtel de la que se hizo cargo y
terminó archivando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En
este caso, al no existir por ahora ningún aforado investigado, las
diligencias judiciales se mantienen en el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Valladolíd. Aunque el informe de la UDEF y la posterior investigación
judicial se ciñe exclusivamente al contrato de 400.000 euros adjudicado
para la dirección facultativa de la obra, la variante de Guardo se ha
visto envuelta en otro hecho polémico que de momento no ha tenido
consecuencias judiciales. Se trata de que la UTE adjudicataria (SACYR-
Río Vena) ha subcontratado parte de las obras con una empresa propiedad
del propio alcalde de Guardo y procurador del PP en las Cortes, Juan Jesús Blanco Muñiz. Piensa
“El Topillo” si no va siendo hora de que quien mande en la Junta se
plantee agradecer los infinitos servicios prestados por Solís durante
los casi 18 años que lleva en el cargo. El hombre bien se ha ganado un
merecido descanso, máxime después del ajetreo que ha supuesto y supone
tener que viajar a diario entre Ávila, donde ha mantenido siempre su
domicilio, y su despacho en la Consejería de Fomento. De paso tendría
mas tiempo para defenderse de las imputaciones judiciales…
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