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El PSOE ha pedido en las Cortes Regionales una
comisión parlamentaria de investigación sobre el proceso de contratación,
financiación y ejecución del Hospital de Burgos y el grupo popular se ha
opuesto a ello. Lo primero -que los socialistas pidan una comisión de
investigación- casi es noticia, ya que hacía años que una iniciativa así no se
producía. Creo recordar que la última vez fue, allá por el año 2008, con
ocasión del escándalo aquel de la
“huertos solares”, asunto sobre el nunca se llegó al fondo y que ha
tenido su último capítulo en el nombramiento del máximo implicado, Jaime Lasarte, como asesor del delegado
territorial de la Junta en León.
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De este
proceloso asunto me ocupé aquí el pasado
19 de noviembre bajo el título “El Hospital de Burgos, ejemplo de una forma de gobernar”. En el escrito en
el que pide la comisión de investigación, el PSOE afirma haber tenido
conocimiento en los últimos meses de una serie de circunstancias “que pueden
indicar la comisión de graves irregularidades durante el proceso de
construcción y equipamiento de este centro asistencial”. Los socialistas aluden
al espectacular sobrecoste experimentado, cifrando en más de 200 millones de
euros el incremento sobre el importe de 242,8 millones de euros en que fue
adjudicado. Según su datos, a falta de conocer las cuentas de 2011, su coste
sobrepasa ya los 445 millones de euros, un 83 por ciento más de lo previsto
inicialmente.
Dos
revisiones del canon en menos de un mes.- Lógicamente dicho sobrecoste
ha sido repercutido sobre el canon anual inicial, fijado en el contrato de
adjudicación en 38 millones de euros. Los Presupuestos de la Comunidad para
2013 contemplan una partida de 71 millones de euros destinada a tal fín.
El
verano pasado, antes de irse de vacaciones, el Consejo de Gobierno de la Junta
actualizó el canon anual hasta 2037, año en que finaliza la concesión. De
acuerdo con esa revisión, aprobada el 27 de julio, el canon correspondiente a
2013 se situaba en un porcentaje del 139,53 por ciento. Pero hete aquí que no
había transcurrido ni un mes y al regreso de sus vacaciones, el 23 de agosto el
Consejo de Gobierno revisaba de nuevo lo revisado al 149,5 por ciento. Todo
ello sitúa el importe global del negocio en torno a la astronómica cifra de
1.500 millones de euros.
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Parte de
este sobrecoste se imputa al aumento de gasto en equipamiento, capítulo que se
ha disparado desde los 48,6 millones de euros presupuestados inicialmente nada
menos que a 104. Ello ha servido además para justificar el crédito de 100
millones de euros gestionado por la Junta ante el Banco de Crédito de
Inversiones en beneficio de la empresa concesionaria. Dicha justificación no se
sostiene, primero porque el sobrecoste en equipamiento es de 56 millones de
euros y no de cien, y segundo porque resulta insólito que un contrato
adjudicado mediante el “método alemán”, cuya ventaja es que el concesionario
financia la inversión, sea auxiliado de esta forma por la Administración.
Lógicamente dicho auxilio financiero no estaba en el pliego de condiciones que
rigió la adjudicación del concurso.
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| Arribas, presidente de la concesionaria |
Visto
todo lo cual se entiende que el PP no quiera someter a investigación parlamentaria
el contrato de mayor cuantía adjudicado en la historia de esta comunidad
autónoma.
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