Herrera reconoce la disconformidad de Castilla y León con la revisión a la baja de Rajoy de los objetivos de déficit para 2013 y 2014

Según el presidente de la Junta, dicha revisión supondrá solo en 2013 un mayor ajuste de 230 millones de euros. "Ese acuerdo suponía un cambio no previsto, y por tanto no valorado suficientemente, de los objetivos de déficit que el mismo Consejo había examinado y aprobado tan sólo tres semanas antes dentro de nuestro Plan Económico Financiero 2012-2014", ha explicado.

El larguísimo discurso de Herrera en las Cortes de Castilla y León, de 27 páginas, ha hecho hincapié en el gravísimo momento que atraviesa el Estado español en general y la Comunidad en particular. "2012 está siendo el quinto año consecutivo de la crisis más compleja y profunda de que tengamos memoria", ha dicho. También ha admitido que "nos encontramos en uno de los momentos de mayor descrédito social de nuestra propia dedicación política". Y se ha defendido de los ataques que recibe, un día sí y otro también, el modelo autonómico. "Nos hallamos sin duda ante la encrucijada económica, social y política más difícil de nuestra historia reciente", ha afirmado.

Uno de los puntos más llamativos de su exposición fue el avance de que probablemente habrá que estudiar nuevas subidas de impuestos en 2013. Algo en lo que se mostró dispuesto a trabajar con la Oposición a través de un nuevo Acuerdo.


Plan de reducción de empresas y fundaciones públicas


En cualquier caso, Herrera ha recordado que Castilla y León reiteró que seguirá contribuyendo al esfuerzo de España para la consolidación fiscal y el control del déficit, en los términos aprobados mayoritariamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el marco de esos mismos objetivos, la  Comunidad asumió el compromiso de dotar al Gobierno de la Comunidad de una estructura más reducida, y de disminuir en un 20% el número de sus centros directivos, lo que se cumplió de forma inmediata. Asimismo, se asumió el compromiso de poner en marcha un Plan de reducción del número de empresas y fundaciones públicas titularidad de la Comunidad, que conformaban un ya reducido sector público de Castilla y León, integrado por 38 organismos y entidades públicas.

Pues bien, en la primera fase de este Plan, que concluirá el próximo 31 de diciembre, se ha aprobado ya la extinción de dos Fundaciones: la de Cooperación y Ciudadanía, y la de la Calidad del Sistema Sanitario. Se han fusionado la Agencia de Inversiones y Servicios, ADE Financiación y ADEuropa, y se va a integrar también en las próximas semanas la sociedad ADE Internacional Excal. Se han integrado funcionalmente las empresas PROVILSA y SOMACYL. Se están dando los últimos pasos para la extinción de APPACALE. Se ha iniciado el proceso de extinción de la Fundación Hospital Clínico Veterinario. También se ha iniciado el expediente para una fusión por absorción entre la Fundación ARCYL y la Fundación Universidades de Castilla y León. Y se han modificado los estatutos de la Fundación SIGLO para integrar en ella a la empresa SOTUR.


El 1 de enero de 2013 comenzará la segunda fase de este Plan de reducción. El objetivo hasta el final de la Legislatura será el de reducir al menos en un 50% la subvención que las empresas y fundaciones públicas reciben para gastos corrientes y de personal, lo que implicará la supresión de algunas entidades, y la reducción sustancial del resto. Un proceso del que, en todo caso, quedan excluidas la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el ECYL.
Asimismo, se procederá también a revisar la participación de la Comunidad en todas las demás entidades en las que hoy tiene presencia, pero no capacidad plena de tomar decisiones.

Defensa de Garoña y del carbón


En su discurso, Juan Vicente Herrera hizo una mención especial al área de la energía y las minas. "A nadie extrañará que expresemos nuestro acuerdo con la posición del nuevo Gobierno de la Nación favorable a la prolongación de actividad de la central de Santa María de Garoña, en tanto ésta cumpla todas las condiciones de seguridad exigibles por los organismos técnicos y las autoridades europeas", ha dicho.

"Y a nadie extrañará tampoco que volvamos a reiterar hoy aquí todas las razones sociales, económicas y estratégicas por las que Castilla y León defiende un futuro para el carbón autóctono, como parte de ese modelo energético nacional al que antes me he referido. Una decisión de la UE fija para el 31 de diciembre de 2018 el fin de las ayudas públicas al carbón. Hasta esa fecha, esas ayudas serán progresivamente decrecientes, pero en todo caso son necesarias para lograr que a partir de entonces nuestra minería, o parte de ella, sea rentable, ya sin ayudas, y plenamente consistente con las normativas medioambientales. El recorte brusco de las mismas en el Presupuesto del Estado 2012 puede provocar un cierre anticipado de esas empresas, y con él el fin de una actividad para la que todavía no hay alternativas económicas y de empleo en amplias comarcas de Castilla y León, y de otras Comunidades de España, frustrando además todas esas posibilidades de futuro. Hemos reiterado al Gobierno de la Nación la necesidad de corregir o compensar ese recorte excesivo. Lo que también podría producirse a través del nuevo Plan del Carbón 2013-2018 en el que ahora hay que trabajar. Y le hemos pedido así mismo que analice individualmente con cada una de las empresas mineras su exacta situación y sus concretas dificultades. Así como que convoque con urgencia las ayudas ya aprobadas para 2012", ha añadido.

Sobre el sector de la construcción

Herrera también se ha referido al sector de la construcción: "Somos conscientes de su importancia para el conjunto de la economía, y de la especial gravedad que la crisis ha tenido sobre el mismo. Por eso, estamos impulsando para él nuevas formas de actividad y de generación de empleo. Por ejemplo, trabajando en un nuevo modelo que reorienta, progresivamente, la actividad de la obra nueva a la regeneración urbana y a la conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio inmobiliario. Así, estamos promoviendo la Inspección técnica de las construcciones, un Plan de rehabilitación integral de vivienda, y una futura Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León".

Respecto a las competencias autonómicas, el presidente de la Junta ha señalado que la Administración de Justicia es la última gran competencia que queda por asumir. "A este respecto, el pasado febrero suscribimos un Pacto por la Justicia con los representantes de los estamentos vinculados con la Justicia de nuestra Comunidad, donde se definieron los recursos y los compromisos que Castilla y León entiende necesarios para incorporar esta competencia con las garantías debidas. Sus contenidos fueron comunicados al Gobierno de la Nación, siendo entendidos y bien recibidos. No obstante, acordamos con el mismo, de manera razonable a mi modo de ver, diferir un tiempo las negociaciones para su transferencia efectiva, buscando con ello asegurar los recursos necesarios para su buen fin, y comprobar los efectos que pueden suponer para este proceso las reformas planteadas en el sistema judicial español".

Y también ha hablado de la gestión de la cuenca del Duero: "En la entrevista del pasado 23 de abril trasladé al Presidente del Gobierno nuestra voluntad de incrementar el protagonismo y la participación de nuestra Comunidad en la gestión de la cuenca del Duero. Hemos iniciado ya los contactos con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero para estudiar las posibilidades de concretar esta participación, dentro del estrecho margen que deja la sentencia del Tribunal Constitucional".