FES lamenta la nueva subida impositiva y valora la reducción de cotizaciones para mejorar la competitividad de las empresas

Fundamentalmente, FES muestra su desacuerdo con la subida del IVA (del 18% al 21% en el tipo general, y del 8% al 10% en el reducido) por entender que supondrá una dificultad añadida para el deseado repunte del consumo privado, que a buen seguro se retraerá, y por tanto un obstáculo para el crecimiento y para la generación de empleo en sectores de tanta trascendencia en el PIB provincial como comercio y hostelería-turismo y en la mayoría del tejido empresarial de la provincia, compuesto por microempresas, autónomos y pymes.

FES apuesta por un mayor peso del ajuste por el lado del gasto y no tanto por el lado del ingreso, ya que a su juicio la imposición ya ha subido de forma significativa para ajustar el déficit público. Tampoco ayudará, en opinión de FES, la retirada de las bonificaciones a la contratación, salvo las destinadas al nuevo contrato de emprendedores y a la integración laboral de discapacitados.

En la parte positiva, la Federación, junto a CEOE y CEPYME, considera que la anunciada reducción de cotizaciones sociales es un paso muy importante en la dirección adecuada para mejorar la competitividad y crear empleo, si bien tendría que avanzar algo más que los dos puntos anunciados (uno en 2013 y otro más en 2014).

Asimismo, tienen gran valor para las empresas las medidas a favor de la flexibilización de los mercados de bienes y servicios, las dirigidas a reforzar la unidad de mercado y a reducir cargas administrativas, así como la intención de privatizar los operadores públicos del sector del transporte.

En energía, salvando la falta de concreción de detalles, es importante que se produzca una reducción efectiva del déficit tarifario, pero debe hacerse sin perjudicar la competitividad de las empresas y la adecuada remuneración de las actividades energéticas.

Por lo que se refiere a materia administrativa, FES destaca que las medidas van en la dirección correcta, aunque se debe profundizar más. Las medidas anunciadas para la administración central y la local son específicas y bien dirigidas, así como el principio de que cada competencia sea ejercida por una única administración. Pero añade que este esfuerzo debe aplicarse también a las comunidades autónomas, ya que gestionan alrededor del 40% del gasto público y servicios públicos esenciales, como educación y sanidad, para los que existe un amplio margen de mejora en la gestión.